Irma Santander/ CDP Noticias
Integrantes de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad en Coatzacoalcos alzaron la voz para denunciar que su conflicto laboral cumplió siete meses sin una resolución favorable.
En el marco del Día del Trabajo, con la bandera rojinegra en alto, y pancartas en donde reclaman sus demandas, los manifestantes señalaron que la administración de la institución ha priorizado el desgaste del contrato colectivo sobre el bienestar social.
Claudia Castillo Castañeda, Secretaria de Organización de dicha sección, calificó el movimiento —iniciado formalmente el 1 de octubre de 2025— como una de las resistencias más largas y significativas de la historia reciente, afectando a las 302 sucursales del país.
DENUNCIA VORACIDAD CONTRA EL USUARIO
El punto más crítico de la denuncia radica en la falta de sensibilidad de la institución hacia sus clientes. Castillo Castañeda dijo que mientras el conflicto mantiene cerradas las sucursales, la administración continúa aplicando cargos financieros a quienes tienen prendas empeñadas.
“Es inaceptable que una institución de asistencia privada, que debería velar por el bien social, utilice tácticas dilatorias y opacidad financiera para erosionar los derechos… No aceptamos que se le esté cobrando a los usuarios por un conflicto ajeno”, sentenció Castillo Castañeda.
PRECARIZACIÓN Y VIOLACIÓN AL CONTRATO COLECTIVO
La movilización en Coatzacoalcos también sirvió para visibilizar las presuntas irregularidades internas, como la asignación de plazas a sindicatos minoritarios y la presión para que los empleados abandonen su antigüedad a cambio de nuevos puestos.
Los huelguistas señalaron que la administración busca reemplazar un empleo estable por esquemas ilegales.
“Rechazamos la intención de eliminar categorías y la falta de transparencia. Exigimos respeto a nuestro contrato colectivo de trabajo y un alto total e inmediato a estas prácticas”, detalló.
Ante lo que consideran una estrategia de “artimañas de desgaste” por parte de la clase patronal —similar a la que enfrentan otros gremios como el de la empresa Tornel—, la Sección 39 demandó la intervención directa del Gobierno Federal.
La exigencia principal es la apertura de mesas de negociación pública con los miembros del Patronato Nacional para que la ciudadanía pueda constatar los términos del conflicto.
Finalmente, advirtieron que el incumplimiento de los contratos colectivos es una contradicción grave frente a la implementación de la reforma laboral en México, la cual exige transparencia y respeto al voto libre de los trabajadores.
