Crónicas del Poder
José Luis Pérez Cruz
La democracia que empieza en la banqueta
▪️Elecciones de agentes y subagentes municipales
▪️Noriel Prot “El Madurito” de Villa Allende
La renovación de agentes y subagentes municipales suele pasar desapercibida en la conversación pública, pero en realidad es uno de los termómetros más precisos de la gobernanza local.
Ahí, en la escala mínima del poder, se pone a prueba la capacidad de los ayuntamientos para organizar procesos legítimos, pacíficos y funcionales.
Veracruz entra esta semana en ese terreno: más de cinco mil autoridades auxiliares deberán iniciar el proceso para ser electas para el periodo 2026-2030, bajo reglas que los Cabildos están obligados a definir y el Congreso local a validar. No es un trámite menor; es una obligación legal y, sobre todo, política.
Ayer vencía el plazo y los Cabildos debieron aprobar la convocatoria correspondiente y enviarla al Congreso en un plazo máximo de 48 horas.
La ley ofrece tres mecanismos de elección —auscultación, consulta ciudadana o voto secreto— y el Congreso ha intentado reducir la discrecionalidad mediante un formato base. Sin embargo, la norma no elimina el riesgo: la diferencia entre un ejercicio democrático y un conflicto comunitario suele estar en la operación política, no en el papel membretado.
COATZACOALCOS Y LA LEGITIMIDAD
Coatzacoalcos es un buen caso de estudio. Con 14 votos a favor y uno en contra, el Cabildo aprobó la convocatoria para renovar agentes municipales en cinco congregaciones mediante voto secreto y en siete ejidos a través de consulta ciudadana.
El calendario está definido, los métodos están claros y la Junta Municipal Electoral será la encargada de vigilar el proceso. En términos formales, todo está en orden. En términos políticos, apenas comienza la prueba.
El alcalde Pedro Miguel Rosaldo García enfrenta aquí un examen de legitimidad. No solo porque estos comicios definen a quienes serán el primer contacto entre la ciudadanía y el gobierno municipal, sino porque históricamente estos procesos han sido terreno fértil para tensiones, acusaciones de favoritismo y errores de operación.
La Secretaría de Gobierno municipal, que en la administración pasada atravesó más de una tribulación, debería haber aprendido que la omisión también gobierna, y casi siempre gobierna mal. Lo que no se atiende a tiempo termina golpeando la puerta del despacho del edil.
El reto no es únicamente organizar elecciones, sino garantizar que los operadores políticos no sustituyan a las reglas, que la cercanía con las comunidades no se confunda con control, y que la consulta ciudadana no derive en presión pública o exclusión.
La coexistencia de dos métodos —voto secreto y voto público— exige una vigilancia doble: técnica y ética. En comunidades pequeñas, donde todos se conocen, el voto público puede fortalecer la cohesión o profundizar fracturas. El margen de error es estrecho.
Además, está el componente económico.
Los agentes y subagentes son servidores públicos y forman parte de la estructura de gobierno.
Definir su remuneración no es un detalle administrativo, sino un mensaje político: habla del valor que el municipio otorga a la gestión comunitaria y de la seriedad con la que asume sus propias responsabilidades. Pagar mal, o pagar tarde, también erosiona gobernabilidad.
ALIANZAS QUE LUEGO SE COMPLICAN
Lo que está en juego va más allá de abril o mayo. Un proceso mal conducido puede generar conflictos que duren años; uno bien organizado puede convertirse en un ancla de estabilidad. En un contexto donde la desconfianza hacia las instituciones es alta, la democracia local funciona como una casa: si los cimientos son frágiles, cualquier sacudida se siente arriba.
También hacer alianzas con los candidatos de siempre, quizá resuelvan la domesticación momentánea de ganar algún aliado, pero a largo plazo se convierte en un lastre o en una piedra en el zapato. Ver el caso de Noriel Prot, convertido en el “Nicolás Madurito” de Villa Allende.
Los escenarios son claros. Si el Ayuntamiento logra un proceso ordenado, transparente y sin intervención facciosa, Coatzacoalcos tendrá autoridades auxiliares con legitimidad social y capacidad de interlocución. Si falla —por exceso de operación política, por descuido administrativo o por soberbia institucional—, el costo no será solo político, sino social.
La democracia no empieza en las grandes urnas ni termina en los discursos solemnes. Empieza en la banqueta, en la asamblea comunitaria, en la decisión cotidiana de respetar reglas y escuchar a la gente. Ahí, justamente ahí, es donde los ayuntamientos de Veracruz están siendo evaluados. Y no hay margen para improvisar.
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