Agencias
Una investigación por lavado de dinero que se realiza contra Genaro García Luna, en una Corte de Florida, Estados Unidos, arroja que prestanombres de quien fuera secretario de Seguridad Pública, en el gobierno de Felipe Calderón, transfirieron 4.5 millones de Dólares a la señora Julia Elena Abdala Lemus, pareja del excolaborador del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, Manuel Bartlett Diaz.
La revelación fue hecha por Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, señaló que el jueza que lleva el caso en la Corte de Florida, solicitó rastrear transferencias que los presuntos prestanombres del exsecretario de Seguridad Pública realizaron a la pareja de Manuel Bartlett por un monto equivalente a 120 millones de pesos.
Indicó que el rastreo del dinero se lleva a cabo a partir de una demanda civil presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera, que tiene como propósito
recuperar los fondos del erario que presuntamente fueron desviados en los gobiernos de Calderón Hinojosa y Peña Nieto.
Indicó que Julia Elena Abdalá Lemus, pareja del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, recibió dinero de la familia Weinberg, considerado por las autoridades federales como los prestanombres y principales cómplices de Genaro García Luna en los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La pareja del ex secretario de Gobernación recibió en sus cuentas bancarias depósitos por 4.5 millones de pesos, lo equivalente en la actualidad a 120 millones de pesos.
Mexicanos contra la corrupción y la impunidad explicó que dos millones 642 mil dólares fueron transferidos a las cuentas personales de Abdalá, mientras que un millón 890 mil dólares fueron depositados en las cuentas de Roybell International Inc, una offshore panameña controlada por la pareja de Manuel Bartlett Díaz.
La denuncia resalta que las transferencias se realizaron entre julio del 2012 y mayo del 2017, tiempo en el cual Manuel Bartlett Díaz, era senador plurinominal por el partido del Trabajo, y ya enarbolaba y formaba parte del movimiento político del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Por lo tanto, el gobierno indaga las transferencias realizadas a Julia Abdalá, pareja de Manuel Bartlett Díaz, como parte de la demanda civil presentada en 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en una corte de Florida.
El objetivo de la investigación es recuperar los fondos del erario que el exsecretario de Seguridad Pública desvió a través del entramado empresarial de la familia Weinberg a la pareja de Manuel Bartlett Díaz.
Mexicanos contra la corrupción y la impunidad consultaron expedientes de la demanda civil, que muestran que los requerimientos sobre la información bancaria de Julia Abdalá comenzaron el 12 de junio de 2024, diez días después de las elecciones que dieron el triunfo a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Se detalla que, en esa fecha, la jueza del caso, Lisa Walsh, envió una carta rogatoria para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) solicitara a varios bancos mexicanos información sobre los movimientos de decenas de personas físicas y morales. Entre ellas, la pareja de Manuel Bartlett.
La carta rogatoria fue enviada por la jueza Walsh a solicitud del despacho de abogados que representa a la UIF en la demanda civil.
Esto, con el fin de obtener los registros bancarios mexicanos y utilizarlos como prueba de lavado de dinero en el juicio contra los Weinberg en Las autoridades acusan a García Luna de estar detrás de una red de corrupción que permitió que las empresas Nunvav Inc., Nunvav Technologies Inc. y Nice Systems Ltd se beneficiaran ilegalmente con más de 630 millones de dólares provenientes de 30 contratos otorgados por el entonces CISEN y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) entre 2009 y 2018, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Dichas compañías formaban parte de un conglomerado familiar representado y administrado por Mauricio Samuel Weinberg López y su hijo, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, quienes enviaron los fondos a paraísos fiscales y, posteriormente, a empresas fachada en Florida que eran manejadas por García Luna y su esposa.
Ya con los fondos en las cuentas de sus sociedades, García Luna y sus allegados se hicieron de múltiples propiedades y bienes de lujo en Miami.
Los depósitos de los Weinberg a Abdalá comenzaron el 13 de julio de 2012, doce días después de que Enrique Peña Nieto ganara las elecciones presidenciales, y continuaron a lo largo de casi todo su sexenio, hasta el 10 de mayo de 2017.
Durante ese tiempo, las empresas de los presuntos prestanombres de García Luna recibieron contratos por cientos de millones de dólares con el CISEN y el OADPRS.
En suma, la pareja de Bartlett recibió nueve transferencias por dos millones 642 mil dólares, equivalentes hoy en día a 72 millones 134 mil pesos.
Los Weinberg realizaron los depósitos desde las cuentas de Nunvav en el Occidental Bank de Barbados a dos cuentas que Abdalá tenía a su nombre en Banco Inbursa y en Caixa Galicia, actualmente conocida como Abanca, una entidad financiera de Galicia, España.
Las autoridades acusan a García Luna de estar detrás de una red de corrupción que permitió que las empresas Nunvav Inc., Nunvav Technologies Inc. y Nice Systems Ltd se beneficiaran ilegalmente con más de 630 millones de dólares provenientes de 30 contratos otorgados por el entonces CISEN y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) entre 2009 y 2018, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Con información de Reforma
