Redacción / CDP NOTICIAS
En un caso que ha levantado polémica, los abogados de Alejandro “N” denunciaron a Rocío Espinosa Chévez, directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) en Coatzacoalcos, por presunta actitud misándrica y por desobedecer una orden judicial que buscaba garantizar la convivencia de un menor con su madre, Maquis “N”.
Los litigantes aseguran que la funcionaria priorizó los derechos de la madre sobre el bienestar del niño, evidenciando un sesgo institucional que criminaliza al padre.
Durante una conferencia de prensa, los abogados Eduardo Carmona y Mauricio Izquierdo relataron los hechos ocurridos el pasado 22 de abril, cuando acompañaron a su cliente al IMM para cumplir con una resolución judicial federal.
Esta orden establecía que el instituto debía facilitar un espacio neutral para la convivencia entre el menor, E.D.C., y su madre, debido a la falta de centros especializados en la ciudad.
“Apoyamos las convivencias con la madre, pero deben realizarse en un entorno seguro y adecuado para el menor”, afirmó Carmona.
Sin embargo, según los abogados, fueron recibidos con hostilidad por el personal del IMM, especialmente por Espinosa Chévez, quien habría adoptado una postura intimidante.
Los litigantes denunciaron que se les informó que el instituto solo atiende a mujeres, lo que calificaron como una actitud “excluyente y misándrica” que contradice los principios de derechos humanos.
UN AMBIENTE DE CONFRONTACIÓN
Los abogados relataron que Espinosa Chévez actuó de manera agresiva, acosando verbalmente al padre y a su defensa, aparentemente con la intención de provocar una reacción que justificara su exclusión del lugar.
“El IMM, lejos de ser un espacio de conciliación, se convirtió en un escenario de violencia institucional contra el padre”, señaló Izquierdo.
La defensa destacó que su presencia en el instituto estaba respaldada por una orden judicial, emitida para proteger el interés superior del menor. Sin embargo, acusaron a la directora de obstaculizar el cumplimiento de esta resolución, privilegiando los derechos de la madre y desatendiendo el bienestar del niño.
Los abogados denunciaron que Alejandro “N” ha sido estigmatizado como hombre, enfrentando una narrativa que lo criminaliza sin pruebas. Además, expresaron preocupación por un incidente en el que Maquis “N” habría vestido al menor como niña para un evento escolar, un hecho que consideran una exposición indebida del niño y que fue documentado en mensajes digitales.
“Este caso refleja cómo el sistema, en lugar de proteger a los menores y promover la equidad, puede perpetuar la revictimización y la discriminación”, advirtió Carmona.
Los abogados anunciaron que presentarán pruebas de estos incidentes ante el Poder Judicial federal, exigiendo medidas contra las autoridades que, según ellos, han actuado con parcialidad.
UN LARGO HISTORIAL DE IRREGULARIDADES
El conflicto entre Alejandro “N” y Maquis “N” por la custodia de su hijo comenzó en septiembre de 2021, cuando la madre sustrajo al menor, entonces de un año, del hogar familiar.
Según el padre, durante casi dos años se le negó el derecho a convivir con su hijo, pese a órdenes judiciales que lo garantizaban. Además, denunció que Maquis “N” sustrajo documentos, joyas y su patente notarial, y condicionó las convivencias a exigencias económicas desproporcionadas.
En octubre de 2021, la madre presentó una denuncia por violencia familiar, dando inicio al proceso penal 740/2022, que sigue sin resolución clara. Por su parte, las denuncias de Alejandro “N” por sustracción de menores y extorsión han sido archivadas o carecen de seguimiento, incluyendo una carpeta que estuvo extraviada durante un mes.
En 2023, ambas partes firmaron un convenio de convivencia, pero Maquis “N” lo habría incumplido al imponer restricciones.
En mayo de 2024, una jueza ordenó que el menor quedara bajo el cuidado del padre, con convivencias asistidas para la madre.
Sin embargo, esta última presentó una nueva denuncia por “retención del menor”.
Actualmente, Alejandro “N” cuenta con una suspensión definitiva (amparo 827/2024-1) que protege su derecho a la custodia.
Los abogados de Alejandro “N” hicieron un llamado a revisar el funcionamiento de instituciones como el IMM y a capacitar a su personal en el respeto a la legalidad y los derechos humanos, sin prejuicios de género.
“Es fundamental garantizar que los procesos de custodia prioricen el bienestar de los menores y no se conviertan en escenarios de confrontación o sesgo”, concluyeron.
