Irma Santander/ CDP NOTICIAS
Un total de 42 vapeadores, diversas dosis de marihuana y “cristal”, así como armas blancas, fueron decomisados por la Unidad de Caninos K9 de la Policía Municipal durante los diez días de actividades de la Expo Feria Coatzacoalcos 2026.
El operativo en el que participaron ocho caninos, desplegado del 27 de marzo al 5 de abril, permitió retirar de la zona de esparcimiento familiar 10 gramos de marihuana, ocho cigarros y dos cigarrillos de la misma hierba, además de despicadores, una tijera y una navaja de bisturí.

El aseguramiento de dispositivos electrónicos de vapeo destacó como una de las acciones principales de las autoridades para garantizar la seguridad sanitaria de los asistentes.
FACULTADES LEGALES PARA EL DECOMISO
La intervención de la Policía Municipal no es discrecional; se sustenta en el derecho a la protección de la salud establecido en el artículo 4º constitucional.
Con la reforma vigente desde el 16 de enero de 2026, la ley prohíbe estrictamente la producción, distribución, comercialización y suministro de vapeadores y cigarros electrónicos en todo el país, sin importar si contienen nicotina o no.
“De conformidad con el artículo 4º constitucional y las reformas a la Ley General de Salud vigentes desde 2026, se encuentra prohibida en todo el territorio nacional la producción, distribución, comercialización, venta y suministro de vapeadores y dispositivos electrónicos análogos, por lo que cualquier actividad relacionada con su comercio constituye una infracción sancionable”, establece el artículo.
RESTRICCIONES Y SANCIONES
La normativa actual faculta a las instituciones y autoridades municipales a prohibir el uso de estos dispositivos en espacios públicos o cerrados como medida de orden.
La ley se enfoca en desarticular la cadena comercial, imponiendo penas que van de uno a ocho años de prisión y multas que superan los 200 mil pesos a quienes distribuyan o vendan estos productos.
Con estos decomisos, la corporación municipal reafirma que el uso y suministro de vapeadores en centros de convivencia masiva constituye una falta a las disposiciones sanitarias y administrativas diseñadas para proteger la salud pública en la región.

