Redacción /CDP Noticias
Con la finalidad de evitar que año con año las universidades públicas del País enfrenten una crisis económica para el pago de las prestaciones laborales, el Gobierno de México busca garantizar que los gobiernos de los estados entreguen el 50 por ciento de los recursos a las casas de estudios.
Previo a la celebración de la XXII Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), la directora general de Educación Superior Universitaria, Carmen Enedina Rodríguez Armenta; adelantó que se modificará el convenio marco por el que las entidades aportan a las universidades de la República.
“Sabemos que la solución es en conjunto y creo que el problema fundamental es que los gobiernos estatales no otorgan los recursos que deberían otorgar por ley y, de acuerdo al convenio marco con el que se entrega el recurso, tiene que ser 50 por ciento el Estado, 50 por ciento la Federación.
Pero solamente nueve estados de la República realizan puntualmente la entrega de los recursos. Veracruz es de esos y aquí destaco que el Congreso del Estado tiene una ley que da autonomía financiera a su universidad, esto es un logro para la comunidad universitaria”, subrayó.
Recalcó que antes no había una ley, pero ahora que la Ley General de Educación Superior lo define, se debe pedir a los mandatarios estatales que aporten el 50 por ciento de los recursos de las casas de estudios y que no se repita más en la historia de la universidad pública este tipo de situaciones.
Mencionó que otras entidades como San Luis Potosí sólo entrega el 10 por ciento, Yucatán entrega el 11 por ciento, Oaxaca el 12 por ciento, de manera que, tienen que trabajar con esas entidades porque no se puede resolver el problema de la noche a la mañana.
Al tener diálogo de manera presencial y virtual con los secretarios generales de los sindicatos de las universidades públicas, mencionó que a la fecha suman seis instituciones de educación superior con problemas deficitarios para llegar a fin del año para el pago de prestaciones las laborales.
De acuerdo con los datos financieros y estudios actuariales, las universidades que están en crisis son: la de Michoacán, Nayarit, Chiapas, Colima, Zacatecas y Morelos.
Rodríguez Armenta enfatizó que la manera de resolver los problemas de las universidades será a través del diálogo y revisar caso por caso, sumando a otras autoridades federales como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque es quien manda los recursos previo consenso y aprobación de la Cámara de Diputados, así como la Secretaría de Gobernación.
Por su parte, el secretario general de la CONTU, Enrique Levet Gorozpe, externó que ha habido avances para aquellas universidades que no cuentan con recursos para el pago de sus prestaciones, pero la Confederación seguirá luchando por los intereses de los trabajadores porque se deben respetar los ingresos de los empleados que ya devengaron su salario.
“Me parece que es una violación no nada más a nuestras normas laborales el que no se les pague, sino que es una violación a lo fundamental que son los derechos humanos. Se les debe de pagar”, subrayó.
Recordó que la CONTU lleva tres años, con la presente administración federal luchando por los recursos de los trabajadores, en los meses críticos, cuando los rectores comienzan a tronarse los dedos.
“Ojalá y no pase eso si lo prevemos desde este momento, podemos dialogar y buscar los caminos de manera conjunta”, resaltó.
Este día, la CONTU celebró la Asamblea de manera presencial y a distancia en donde participaron alrededor de 74 secretarios generales de los diversos sindicatos de universidades públicas del País.
En esta reunión se aprobaron los lineamientos del Estatuto de la CONTU, que busca armonizar las definiciones de la organización gremial, en relación a la nueva reforma laboral.
