Irma Santander / CDP NOTICIAS
Suhey del Carmen “N”, alias “La Princess”, señalada presuntamente como la autora material del crimen en contra de Guillermo Pamucé Yep en el fraccionamiento veleros de Coatzacoalcos, fue trasladada la noche del viernes al Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, ubicado en Coatepec.
La medida generó molestia y preocupación en sus familiares, quienes denunciaron violaciones a sus garantías procesales, ya que las autoridades judiciales no respetaron el plazo legal de tres días hábiles otorgado para que la defensa recabara e integrara pruebas a su favor.
Chapsy Flores Pérez, hermana de la imputada, recriminó el actuar judicial al señalar que el traslado se ejecutó de forma intempestiva y sin previa notificación a los parientes ni a los representantes legales.
Expuso que el juez justificó la reubicación bajo el argumento de una supuesta sobrepoblación en el penal Duport Ostión de Coatzacoalcos; sin embargo, cuestionó el criterio de dispersar a los detenidos a reclusorios distantes, entorpeciendo con ello la labor defensiva.
Dijo desconocer si los demás detenidos fueron enviados a otro centro penitenciario.
TRASLADO SORPRESIVO Y DETERIORO EN LA SALUD DE LA IMPUTADA
De acuerdo con la versión de Flores Pérez, la notificación sobre el cambio de sede penal nunca llegó a la familia. Además, dio a conocer que actualmente su hermana se encuentra internada en un hospital de Xalapa en condición médica delicada, consecuencia de un embarazo en curso y de un padecimiento dermatológico preexistente.
“A mi hermanita la trasladaron ayer, y nadie nos notificó. Lamentablemente todo pasó anoche (viernes); a ella la mandaron al reclusorio de Pacho Viejo. Mi hermana se puso muy grave y está internada, nos hablaron del hospital. Estamos buscando apoyo económico para poder ir a Xalapa. Ya ve cómo es la justicia hoy en día de corrupta… no quiero perder a mi hermana”, relató.
La familiar añadió que el estado físico de la detenida ha decaído considerablemente a raíz de la detención.
“Suhey tiene miedo, además de que físicamente se ve muy mal. Ella, además de estar embarazada, sufre de una enfermedad de su piel que al ponerse grave se le comienza a complicar el movimiento motriz”, sostuvo.
OBJECIONES DE LA DEFENSA Y FALTA DE SUSTENTO ARGUMENTATIVO
La controversia procesal inició durante la audiencia de vinculación a proceso celebrada el pasado jueves. En dicha sesión, la representación social solicitó el envío de los implicados a diversos penales del estado. A pesar de que la defensa legal se opuso por considerar que la petición carecía de fundamentos válidos, el juzgador otorgó la razón a la Fiscalía.
“En la audiencia se solicitó el traslado de todos a reclusorios diferentes, a lo que los abogados se negaron porque la petición no fue suficiente y sin fundamentos por el motivo del cual fue expedido tal traslado, supuestamente por sobrepoblación en el penal Duport Ostión de Coatzacoalcos. El juez no tuvo una aceptación a tal petición de los abogados, pero sí a lo que pidió la fiscal. Y es donde surge la duda, ¿por qué los separan y los mandan a otro reclusorio? Porque los mandan lejos y lo único que hacen es obstaculizar la defensa de los imputados”, recriminó Chapsy.
Sobre los tiempos otorgados dentro del expediente, precisó, “dieron 3 días más para los abogados para seguir anexando pruebas y evidencia que demuestre que ellos son inocentes, y para la investigación de la fiscalía se dio un término de 3 meses”, puntualizó.
INCONSISTENCIAS EN LAS PRUEBAS DE LA FISCALÍA
Al desglosar las anomalías detectadas en la carpeta de investigación, explicó que la acusación se sostiene en testimonios subjetivos y carece de elementos materiales o científicos que vinculen de manera directa a los señalados.
“A las pruebas que tienen en la carpeta de investigación se le hizo énfasis en que carecen de fiabilidad, porque las personas testigos son ajenas al lugar y momento del suceso. Así como también la fiscal menciona evidencia de videos y fotos que nada más son de palabra, más no que en realidad las tuvieran en calidad de evidencia probatoria”, detalló.
Flores Pérez contrastó la celeridad para llevar a cabo otras diligencias con la demora en la obtención de material audiovisual.
“Realmente, ¿cómo es que en el mismo día del suceso obtuvieron órdenes de cateo para inmuebles del occiso, y para obtener simples videos al día de hoy aún no los tienen en su poder? Por eso es que la fiscal pidió un plazo de 3 meses en lo que siguen las investigaciones pertinentes”, dijo.
Insistió en que no hay vínculo previo entre los involucrados en la investigación, descartando la presunta red delictiva planteada por el órgano acusador.
Finalmente, la familiar expuso el impacto social y afectivo que enfrenta la familia tras la aprehensión de la imputada, quien se desempeñaba como guardia de seguridad en el hospital número 36 del IMSS.
