Armando Ramos/CDP Noticias
Una decena de personas que prácticamente fueron esclavizadas hace 10 años por la empresa Homex en las Islas Marías exigieron a las autoridades de la Junta de Arbitraje y Conciliación 16, con sede en Coatzacoalcos, que dejen de dilatar el proceso y dicten el laudo a su favor, pues su caso prácticamente se estancó.
Los afectados narraron que hace 10 años, decenas de trabajadores dejaron sus hogares en comunidades de Minatitlán, Cosoleacaque y Tatahuicapan para partir rumbo a las Islas Marías y laborar en la construcción de conjuntos habitacionales para los presos de ese lugar.
Sin embargo, los representantes de Homex los engañaron, ya que se los llevaron con la promesa de ganar cuatro mil 500 pesos mensuales por trabajos de carpintería o como fierrero pero no les pagaron ni un peso, no tenían prestaciones y luego de un mes sin ganancia ni siquiera les permitían volver a su tierra o comunicarse con sus familiares.
“Llegamos con las personas indicadas, nos distribuyeron pero no tratábamos con nadie. Dormíamos en galeras, en mesas de triplay, teníamos que cuidarnos de los reos porque estábamos mezclados, había que tener mucho cuidado, salíamos a bañarnos en grupo, solos no. Ahí nomás nos tenían, no nos daban razón, nos iban a pagar semanal, pero las tarjetas las dejamos con las familias, pero nunca depositaron. Después nos quitaron celulares, no había comunicación”, narraron.
La odisea comenzó el 24 de noviembre del 2009, pero aún no concluye, pues a unos días de su regreso, en enero del 2010, siete de los agraviados interpusieron una demanda en la Junta de Conciliación y Arbitraje 16 con sede en Coatzacoalcos y desde entonces su expediente, el 38/XVI/2019, se encuentra estancado.
Su abogado, Fausto Vicente Torres, tomó el caso hace un año y de inmediato empezó a promover juicios de amparo para agilizar el asunto y se dictara el laudo a favor de los afectados.
No obstante, las autoridades laborales le han dado largas. “Conmigo llegan hace aproximadamente un año, es cuando yo tomo el caso, durante ese año yo empiezo a promover diversos juicios de amparo para que esto se agilice. En el primer juicio de amparo me dicen que hacen falta pruebas, me conceden el amparo para ello, ahora que faltan otras pruebas, volví a promover otro amparo para que ya dictaran el laudo y no que faltan otras pruebas. Tenemos el temor fundado que la empresa tiene ojos, hay abogados que están ahí, no hacen acto de aparición y todo lo controlan con la presidenta y la gente que está en la junta”, reveló.
A consecuencia de lo anterior, los afectados exigieron a las autoridades dejar de dilatar el proceso y dictar el laudo, pues los siete afectados reclaman dos millones 378 mil 679 pesos desde enero del 2010.
Según estimaciones, tan sólo por indemnización les deben 57 mil 857 pesos y 2 millones 316 mil 857 pesos por salarios caídos, ya que por día cada persona tuvo que haber cobrado 642.86 pesos.
La empresa, por su parte, cambió de razón social de Homex a Desarrolladora de Casas del Noroeste SA de CV. También dejó de tener oficinas en Coatzacoalcos, lo que fue aprovechado por las autoridades para no notificarles.
Durante los últimos 10 años han fallecido dos de los afectados y ahora sus familias son quienes esperan que se haga justicia.
Entre los demandantes se encuentran Nimorio García Hipókito, Raúl Ramírez Chala, Rodolfo Reyes Morales, Fernando Alonzo Domínguez, William Ramírez Alemán, Félix Martínez González, Epifanio Martínez González, Román Martínez Alonso, Arcadio Alonso Domínguez (finado) y Dionicia Hernández Bautista, viuda de Agustín Ramírez.
