Redacción /CDP Noticias
Indignación entre los abogados de Coatzacoalcos y la región provocó el uso de lo que hasta hace unos meses fueron las instalaciones del Juzgado Décimocuarto en materia familiar para dar lugar a los juzgados laborales.
A pesar de que las autoridades judiciales alegaron falta de recursos e incluso poca carga de trabajo, para cerrar 29 juzgados entre ellos dos de Coatzacoalcos, la realidad es que hubo un reciclaje de oficinas para cumplir a marchas forzadas con la reforma laboral.
Lo anterior, ha sido constatado por los litigantes que advirtieron esta situación, así como un nuevo retroceso en la impartición de justicia en la entidad, pues tal parece que nadie planeó estos gastos y falló la administración de los mismos, ya que a cuatro meses de concluir el año el Poder Judicial se quedó sin dinero.
Mientras eso sucede, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició una investigación luego de la queja interpuesta por abogados de Coatzacoalcos en contra del cierre de 29 juzgados del Poder Judicial del Estado, entre ellos dos de este puerto.
Por medio de un oficio, la directora del organismo, Ana Lilia Ríos Reyes, confirmó que fue abierto el expediente DOQ/0241/2021 y adelantó que se pedirán informes a las autoridades señaladas.
“Les informamos que se han iniciado las investigaciones correspondientes con relación a su asunto, haciéndoles saber que el número de expediente es DOQ/0241/2021, por lo que se solicitarán informes a los servidores públicos presuntamente responsables”, señaló la funcionaria.
La queja fue tramitada por los abogados de Coatzacoalcos Fausto Vicente Torres Pérez, Consuelo Valentín Jiménez y Yessica Sagrario Palafox Torres en julio pasado.
En opinión de los litigantes, se trata de una violación grave y flagrante de derechos humanos, en la que están involucrados la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Isabel Inés Romero Cruz y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
El cierre de los 29 juzgados fue aprobado por el Pleno de la Judicatura el 24 de junio. En su escrito, los abogados acusaron que fue algo unilateral, subjetivo, alejado de la realidad, al vapor, sin análisis ni consenso de los justiciables, es decir, la población o los abogados.
Además, consideraron es una medida discriminatoria que abona a la corrupción, el tortuguismo e impide el acceso a una justicia pronta y expedita, ya que aumenta la carga de trabajo en los juzgados y afecta los ingresos de los litigantes.
Incluso, la semana pasada fue interpuesta una queja administrativa en contra de la presidenta del TSJ, del Pleno del Consejo de la Judicatura y de la Dirección de Administración por presunto desvío de recursos, en la que los abogados porteños cuestionan las múltiples irregularidades financieras del Poder Judicial del Estado y sus consecuencias no solo para ellos sino la población en general.
