Comunicado/ CDP NOTICIAS
La diputada Janix Liliana Castro Muñoz presentó al Pleno una iniciativa que adicionaría un quinto párrafo al Artículo 684 del Código Civil que tiene como objetivo eliminar la exigencia de apostilla para el caso específico de actas de nacimiento extranjeras que pretendan ser inscritas ante el Registro Civil del estado de Veracruz, cuando se trate de hijos de padre o madre o ambos mexicanos.
En la novena sesión ordinaria, la presidenta de la Comisión Permanente de Población y Atención a Migrantes expresó que quitar el citado requisito representaría una medida legislativa razonable, proporcional y adecuada, para garantizar el derecho a la identidad y cumplir con las obligaciones internacionales del Estado Mexicano.
Ante sus homólogas y homólogos, la legisladora dijo que el Código Civil de la entidad no establece de manera explícita la obligación de presentar documentos extranjeros debidamente apostillados o legalizados para su validez en trámites ante el Registro Civil, “en la práctica, las autoridades suelen requerir que los documentos públicos extranjeros, como actas de nacimiento, estén apostillados o legalizados para garantizar su autenticidad y validez legal en México”, añadió.
En el mismo sentido, precisó que aun cuando el derecho a la identidad está protegido en el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las personas nacidas en el extranjero, hijos de padre o madre mexicanos, enfrentan obstáculos burocráticos al intentar registrar su nacimiento en el país, debido a la exigencia de apostillar o legalizar consularmente sus actas de nacimiento.
La diputada del Grupo Legislativo de Morena externó que el citado requisito representa una carga económica y logística significativa para muchas familias, especialmente para aquellas que han retornado al país. “Además, dificulta el acceso a otros derechos fundamentales, como la educación y la salud, al no contar con una identidad legalmente reconocida en México”.
En su mensaje final, aclaró que la citada reforma no exime al Estado de verificar la autenticidad de los documentos, sino que permite su registro a partir de criterios de razonabilidad, buena fe y prueba documental suficiente.
La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales. Se adhirieron a la propuesta los Grupos Legislativos de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
