Comunicado/ CDP Noticias
La Diputación Permanente turnó a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales una Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del estado de Veracruz, en materia de reforma al Poder Judicial, autoría de la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro.
En su proyecto, la legisladora plantea cumplir el mandato de armonización que exige el pacto federal, además de dotar al estado de Veracruz de un diseño institucional robusto, transparente y vanguardista, conjugando la legitimidad de la participación democrática con rigurosos criterios de excelencia técnica, un esquema de paridad automatizado y un control posterior del desempeño jurisdiccional, garantizando la transición hacia una judicatura verdaderamente independiente, profesional y cercana a las realidades sociales, consolidándose un sistema de justicia cuyo único compromiso sea la aplicación imparcial de la ley y el resguardo de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
De acuerdo con su iniciante, la reforma propuesta es un ejercicio formal de adecuación constitucional y consolidación institucional y su propósito fundamental es asimilar las experiencias y los aprendizajes derivados de los primeros ejercicios democráticos en el país para corregir asimetrías, simplificar los procesos y blindar la autonomía del Poder Judicial veracruzano.
Tanya Viveros propone que la próxima elección de magistraturas y judicaturas en Veracruz se celebre el primer domingo de junio de 2028. Esta prórroga en el calendario responde a criterios estrictamente técnicos y operativos.
Además, la iniciativa perfecciona el procedimiento de selección inicial mediante la reestructuración de los Comités de Evaluación de los tres Poderes del Estado, pues cada uno de éstos estaría compuesto por cinco personas honorables y de reconocido prestigio en el ámbito jurídico, quienes elegirán de entre sus miembros a su propio coordinador.
Introduce la figura de la Comisión Coordinadora como un órgano colegiado que asumiría la función institucional de emitir acuerdos unificados y establecer metodologías de evaluación homologadas, a fin de garantizar que los tres Comités funcionen bajo un mismo estándar técnico, evitando criterios discrepantes o arbitrarios entre los Poderes postulantes.
También propone un sistema de selección estructurado en dos etapas: de evaluación de excelencia y de depuración aleatoria, e inscribe la paridad de género desde la estructura inicial del proceso.
En el mismo sentido, presenta las bases generales de organización que delegan la conducción de los procesos comiciales en el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y le confiere la responsabilidad de planificar, regular e instrumentar el despliegue técnico y logístico de la jornada ordinaria.
