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Por decreto presidencial las obras públicas federales fueron declaradas de interés público y de seguridad nacional y tendrán una dispensa de trámites.
La medida aplica para obras de infraestructura de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas y ferrocarriles.
Ordena a las dependencias otorgar autorizaciones, dictámenes, permisos o licencias de carácter provisional en un plazo máximo de cinco días. Si transcurrido ese plazo no se emite una autorización expresa, se considerará resuelta en sentido positivo en una tácita dispensa de trámites.
Entre otros propósitos, el decreto dice “impulsar y consolidar los proyectos que nos llevarán como Nación a lograr el crecimiento económico”.
La decisión significa, a decir de especialistas, sumir en la opacidad todos los proyectos gubernamentales.
Ello será un pretexto para no transparentar contratos y gasto en las obras.
Con el decreto, publicado ayer en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, el Gobierno federal podría impedir que megaobras como el Aeropuerto de Santa Lucía y la Refinería de Dos Bocas sean frenadas por amparos u otros recursos legales.
Para la ex presidenta del INAI, Jacqueline Peschard, el acuerdo es un grave retroceso en materia de transparencia.
“Pasa por encima de la transparencia de acuerdo con el Artículo 6 de la Constitución. Todas las obras públicas, todo lo que tiene que ver con recursos públicos, debe de ser público; entonces no puede simplemente ser algo que se decide arbitrariamente”, reprochó.
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, consideró que el acuerdo es la culminación de un proceso que inició con el traslado de la mayor parte de los proyectos estratégicos a las Fuerzas Armadas.
Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) señaló que declarar un proyecto de interés público o de seguridad nacional es la primera línea para “brincarse” la ley en materia de transparencia, la cual considera a ambos criterios como excepciones a la obligación de hacer pública la información relacionada con estos.
Paolo Salerno, Managing Partner de Salerno y Asociados, planteó que este decreto crea una situación de total desbalance para el análisis de todo proyecto de infraestructura.
“¿Cómo se puede definir en 5 días si hay una violación de impacto ambiental, social o de derechos humanos? ¿Qué pasa si la resolución final es negativa y ya se han implementado medidas que tiene impactos irreversibles?”, cuestionó el especialista en proyectos de energía.
Amanda Valdez, socia de Dentons López Velarde, aseguró que la regulación en materia de permisos y autorizaciones para estos sectores existe justamente para asegurar que los proyectos más importantes para el desarrollo del País se ejecuten de manera ordenada, transparente, sostenible, y respetando los derechos de los ciudadanos que puedan verse afectados.
Con información de Reforma
