Irma Santander/ CDP NOTICIAS
El diputado local por el distrito de Coatzacoalcos, Miguel Pintos Guillén, afirmó que los 212 ayuntamientos de Veracruz tienen hasta el 31 de enero para dar cumplimiento estricto a las obligaciones legales en materia de entrega y recepción.
El legislador presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo para exhortar a las administraciones municipales entrantes a dar cumplimiento estricto a las obligaciones legales.
Dijo que el objetivo es garantizar la transparencia y permitir que, en caso de detectar anomalías, se proceda legalmente contra los exfuncionarios responsables.
El legislador, quien es presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia en el Congreso del Estado, subrayó que, de acuerdo con el artículo 190 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, los gobiernos actuales tienen la obligación de conformar una comisión especial encargada del dictamen. Dicho comité debe integrarse, como mínimo, por los titulares de la Tesorería, Obras Públicas y el Órgano de Control Interno.
“Esto es con la idea de que se pueda darle seguimiento a la entrega que hizo el ayuntamiento saliente este 31 de diciembre… En este mes de enero, se revisen a fondo los expedientes para encontrar transparencia en la entrega de los funcionarios salientes”, expresó.
PROCEDIMIENTO ANTE IRREGULARIDADES
El legislador aclaró que el proceso no exime de responsabilidad a quienes dejaron el cargo. Si durante la revisión se detectan inconsistencias o falta de documentación, la ley faculta a las nuevas autoridades para citar a comparecer a los exfuncionarios.
En caso de que las aclaraciones no sean satisfactorias, las administraciones actuales deberán formalizar su inconformidad ante las instancias correspondientes.
“Las nuevas administraciones tienen que presentar, para empezar, su inconformidad ante el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) o ante el Congreso a través del área encargada que es la Comisión de Vigilancia para que se les dé el trámite necesario”, refirió.
VINCULACIÓN CON LA CUENTA PÚBLICA
Una vez concluido el dictamen en este primer mes, los ayuntamientos deberán emitir un “Acuerdo en vía de opinión” sobre el estado en que recibieron la administración. Este documento deberá remitirse a la Secretaría de Fiscalización del Congreso y adjuntarse a la primera Cuenta Pública, la cual se entrega en los primeros cuatro meses del año.
Este paso es fundamental para que el ORFIS pueda integrar los hallazgos del proceso de entrega-recepción en sus auditorías de cumplimiento.
Finalmente, el diputado recordó que, aunque enero es el plazo para la revisión inmediata, los ayuntamientos cuentan con un año para realizar una revisión exhaustiva de todo el patrimonio y los pendientes heredados.
