Irma Santander / CDP NOTICIAS 

Un total de 23 policías de Seguridad Pública y de la Fuerza Civil han sido procesados y dos más sentenciados a 60 años por desaparición forzada, reveló Belem González presidenta del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas “Belem González”. 

Apenas la semana pasada, se hizo efectiva la pena condenatoria de 60 años en contra de los exelementos de la policía estatal en agravio de un joven de Coatzacoalcos al que asesinaron en el año 2018.

Los responsables de estos hechos fueron identificados como Guadalupe y Orlando, quienes ya se encuentran en el Centro de Readaptación Social Duport Ostión (Cereso) de esta ciudad. 

Fueron señalados de la desaparición forzada contra Cristian Andrés Román Barriga, detenido por los elementos de la Policía Estatal  en la colonia Las Gaviotas aparentemente por haber cometido una falta administrativa.

“De ese caso son dos, hay dos prófugos gracias a Dios hubo una sentencia de 60 años por desaparición forzada, la primera en Veracruz marcando un precedente en Coatzacoalcos”, indicó. 

De los 23 elementos detenidos son por jóvenes desaparecidos en el 2014 y 2015 durante el operativo “blindaje Coatzacoalcos” implementado por el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa y la Secretaría de Seguridad Pública.

La activista Belem González refirió que a lo largo de estos años han aumentado las desapariciones; su colectivo inició con seis y actualmente son 30 los que se encuentran desaparecidos. 

En Coatzacoalcos existen cuatro colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. 

Actualmente continúan la búsqueda de restos humanos en un terreno en el ejido Tacoteno en Minatitlán.

Cortesía / CDP Noticias 

En la montaña de Guerrero, las niñas tienen precio, en una especie de esclavitud en pleno Siglo 21.

Pagan por niñas a partir de los 9 años desde 40 mil hasta 200 mil pesos o, incluso, pagan con ganado o cerveza, una práctica atribuida a "usos y costumbres" de las comunidades frente a la que autoridades permanecen apáticas.

REFORMA entrevistó a diversas mujeres indígenas, quienes corroboraron el uso de esta práctica a través de su propia vivencia.

"Te ponen un precio y así te venden sin preguntar, sin avisar", relató Julia, una mujer indígena que fue vendida por su abuelo a los 13 años.

"No tienes opción de decir que no".

Se estima que 300 mil niñas han sido vendidas para matrimonio en Guerrero, pero no existen cifras exactas, ya que la mayoría de estas uniones no se registran, dijo Martha Givaudan, presidenta de la organización no gubernamental "Yo quiero Yo puedo", que trabaja en el municipio de Metlatónoc.

El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dice apoyar al pueblo indígena, no ha tomando medidas para frenar esta práctica, a pesar de que viola la ley federal.

"Nadie en el pueblo nos ayuda, ni el municipio, ni el Estado, ni el Gobierno federal", afirmó Julia, quien logró escapar después de que su esposo la golpeara durante años.

"Dizque los usos y costumbres protegen, pero en realidad permiten el abuso de las niñas y mujeres".

Mariana también fue vendida en su niñez y narró una historia similar.

"En nuestros pueblos no llegan los programas sociales", afirmó, "y menos para ayudar a la mujer.

"De hecho, antes el programa 'Prospera' ayudaba algo, pero en los últimos años no llegan recursos ni programas para esto", continuó. "Muchas niñas están sufriendo".

Mariana cuestionó por qué las autoridades permiten estos abusos.

"Hay tráfico de drogas y armas en los pueblos aunque esto no es parte de los usos y costumbres indígenas.

"¿Por qué las autoridades permiten que siga la venta de niñas como si fueran animales, amparándose en los usos y costumbres?", expresó.

"¿Entran las drogas y no los derechos humanos básicos?".

Otra víctima de esta práctica, Ana, reclamó también el rol de los militares en sus comunidades.

"Los militares que llegan al pueblo, ¿por qué no nos defienden?", dijo Ana. "Al contrario, ellos se aprovechan de nosotros también y nos hacen daño".

Además de ser vendidas, las niñas frecuentemente tienen que trabajar para la familia que pagó por ellas, para "recuperar" la deuda por su compra, lo que lo hace "una doble esclavitud", aseguró Givaudan.

"Puede ser que un señor decide comprar una niña o que la adquiera para su hijo, es para que alguien tenga una mujer", describió.

"Aquí, además de la explotación sexual que eso implica, también tiene que ver con que la mujer va a trabajar en la casa, va a hacer las tortillas, la comida, y va a salir a sembrar, tener hijos", abundó la presidenta de la ONG.

"Todo el rol tradicional se le está imponiendo a una niña cuando ella debería de estar en la escuela".

Givaudan también relató el grave problema del embarazo de las niñas compradas.

"Los problemas asociados con el embarazo se dan ni siquiera en la adolescencia, sino en la pubertad", explicó, "con las consecuencias de salud que esto tiene, al grado que se pone en riesgo la vida de las niñas, quienes se convierten en madres prematuras con bebés de alto riesgo.

"Así se perpetúa este ciclo de violencia y pobreza".

El Estado de Guerrero ocupa el segundo lugar en embarazos de adolescentes.

En esta entidad ocurren dos de cada 10 nacimientos de bebés cuyas madres tienen menos de 19 años.

"No solamente es un problema de género, sino de derechos, de pobreza, de salud, que implica una serie de acciones que se tienen que contrarrestar", expresó Givaudan.

Con información de Reforma 

 

 

 

Redacción / CDP Noticias 

Integrantes del Colectivo “Madres en Búsqueda” marcharon este 10 mayo en el malecón y avenida Zaragoza de Coatzacoalcos, para alzar la voz, exigir justicia y el pronto regreso de sus familiares que desde hace varios años se encuentran desaparecidos.

Lenit Enríquez Orozco representante de la agrupación declaró que en este día las madres aprovechan para festejar, pero otras no se cansan de buscar a sus hijos y volver a verlos. 

“Ya llevamos alrededor de seis años manifestándonos de esta manera un día como hoy, en donde muchas de las madres celebran y festejan, otras al contrario están aquí exigiendo justicia, exigiendo verdad y el pronto regreso de sus seres queridos”, comentó.

Detalló que son más de 50 familias las que conforman el colectivo, originarias de los municipios de Ángel R. Cabada, Las Choapas y Nanchital, quienes han coadyuvado en las labores de búsqueda y que este día se sumaron al movimiento.

Asimismo, mencionó que en este año no solo se han registrado nuevos casos de desaparición forzada, sino también la vinculación a proceso de elementos policiacos relacionados con estos delitos.

“No solo ha habido desapariciones, también ha habido vinculaciones a proceso de policías por desaparición forzada, más de ser una noticia que para muchos sea muy común, para nosotros es un avance muy grande porque sabemos que la justicia va a llegar”, detalló.

Lamentó que sean los Colectivos de Madres quienes realicen las labores de búsqueda y no las autoridades, pues cada que acuden a la Fiscalía General del Estado (FGE), los detectives les preguntes “¿Qué me tiene señora?”, cuando deberían de ser ellos quienes aporten los avances de sus investigaciones.

“Esta marcha es una exigencia, para decirles que no son una cifra más, no es un documento más, son personas que se encuentran desaparecidas y son personas que se tienen que regresar a casa”, comentó.

Tan solo en este año se sumaron cinco familias más por la desaparición de sus seres queridos, lo que hace un total de 20 desapariciones acumuladas.

Redacción / CDP Noticias 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ha recibido quejas del personal médico que labora en hospitales del sur de Veracruz, que hasta el momento no ha sido vacunado contra el covid-19.

El nuevo delegado de la CEDH Tonatiuh Hernández Sarmiento, explicó que los trabajadores de la salud, acusan ser víctimas de segregaciones o discriminación, aun cuando están exponiendo su vida para el combate a la enfermedad.

“Tenemos quejas que hemos estado recibiendo precisamente del personal que labora en algunos hospitales y que por alguna situación no han sido vacunados y que pudieran estar siendo objeto de algún tipo de segregación o discriminación”, explicó.

El entrevistado detalló que se trata de trabajadores de la salud que laboran en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Hospitales Públicos y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

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