Septiembre 22, 2021
Irma Santander

Comunicado/ CDP Noticias 

 En los primeros 10 días del mes, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) recuperó 80 vehículos –57 contaban con reporte de robo–, al tiempo de intervenir a 21 personas por dicho delito.

De esta forma, quedaron a disposición de la autoridad competente 57 automóviles, 14 motocicletas, cuatro tractocamiones, tres cajas secas y dos remolques, localizados en diversos operativos en 39 municipios.

Se trata de Agua Dulce, Banderilla, Chacaltianguis, Las Choapas, Coatepec, Coatzacoalcos, Coatzintla, Córdoba, Cosoleacaque, Espinal, Fortín, Gutiérrez Zamora, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, José Azueta, Manlio Fabio Altamirano, Martínez de la Torre, Minatitlán, Nautla, Omealca y Orizaba.

Además de Papantla, Poza Rica, Puente Nacional, San Andrés Tuxtla, Soteapan, Tezonapa, Tihuatlán, Tlalixcoyan, Tlalnelhuayocan, Tlapacoyan, Tlilapan, Tres Valles, Úrsulo Galván, Uxpanapa, Vega de Alatorre, Veracruz, Xalapa y Xico.

Las acciones forman parte del programa “Unidos para la Construcción de la Paz”, en el que participan las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA), de Marina-Armada de México (SEMAR) y Seguridad Pública, junto con la Guardia Nacional.

Armando Ramos / CDP Noticias 

 La empresa Inmobiliaria y Desarrollos Constructivos Zenith SA de CV empezó a despedir injustificadamente a trabajadores de esta ciudad que laboraban en el mejoramiento del Hemiciclo a los Niños Héroes.

Obreros que fueron corridos el mes pasado sin recibir la liquidación por ley les corresponde exigieron a las autoridades laborales que tomen cartas en el asunto, pues se trata de una compañía foránea a la que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) otorgó un contrato por 90 millones 691 mil 38 pesos y a pesar de ello no les da seguro social, ni equipo de protección, pagan salarios bajos y ofrecen un trato déspota a quienes necesitan el empleo.

“Me dijeron ya estás dado de baja, ven el sábado, fui y me salieron con otra cosa, que no salió lo que me iban a dar, el finiquito y pues yo le dije entonces cómo le hago y que no, que déjame ver. Yo tenía como tres meses y una semana, yo acarreaba fierros, armar las parrillas. Yo laboraba para la empresa Zenith, no estaba subcontratado”, expresó el señor Misael de Jesús Maldonado, uno de los afectados.

En entrevista, dijo que los responsables del área de seguridad no les permitían faltar sin importar que falleciera su propia madre o el clima les impidiera llegar; sin embargo, cuando les piden trabajar horas extra en fin de semana lo hacían sin problema alguno.

Por su parte, Pascual Santos Hernández relató que entró como ayudante de fierrero y pese a ello lo asignaron a una máquina pesada sin capacitación ni protección.

“Se me muere mi mamá, estaba enferma, al señor Jonathan el ingeniero le pedí permiso, al que estaba de cabo, no me quisieron dar permiso, no la pude ir a ver, no pude hacer nada y cuando nos pedían trabajar una hora o dos horas más se lo dábamos porque el trabajo para nosotros era el sustento y yo lo que quiero es que me liquiden conforme a la ley. Tengo tres meses y una semana”, manifestó.

Santos Hernández expuso que la empresa le pagaba mil 900 pesos, es decir, casi la mitad de lo que en realidad le correspondía por oficial fierrero y ahora sufre de una enfermedad en los pulmones por metales pesados que la empresa tampoco quiere reconocer.

En tanto, Héctor de la O Madrigal acusó que salió lastimado de los hombros tras cargar varillas y pese a ello no recibió ni seguro ni una indemnización que le permita tratarse luego de tres meses laborando.

“Yo llegué allá y dije que no quería tener pleito, que me dieran lo que correspondía, pero tuve que llegar a este grado porque dijo el de seguridad que aunque demanden no van a hacer nada”, agregó.

Francisco Mendoza Teodoro no fue despedido; sin embargo, perdió dos dedos en lo que se considera riesgo de trabajo al cortar madera con una sierra eléctrica.

El afectado narró que su incapacidad médica vence este jueves y ahora espera que se la renueven aunado al pago que por ley le corresponde, ya que no está en condiciones de volver a trabajar.

Detalló que cuando pasó su accidente fue trasladado al hospital regional Valentín Gómez Farías, pues de esa forma la empresa podría evadir parte de su responsabilidad. “Que me paguen lo del dedo o a ver en qué quedamos”, añadió el trabajador porteño.

Los quejosos agregaron que los daban de alta hasta 15 días después en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero tampoco les daban el día para hacer el trámite.

Por ley, en caso de despido injustificado el pago equivale a tres meses de salario más vacaciones, aguinaldo y demás prestaciones.

 

 

Mariana Rivera/ CDP NOTICIAS 

Xalapa, Ver.

En la Fiscalía General del Estado (FGE) priva la indolencia, la discriminación por homofobia y la impunidad, debido a que desde hace tres años Veracruz ocupa el primer lugar a nivel nacional por este tipo de asesinatos que suman, desde 2018, 79 delitos de este tipo.

De acuerdo con el presidente de la Coalición Estatal LGBTTTI, Benjamín Callejas Hernández, en 2018 ocurrieron 28 crímenes contra la comunidad, en 2019, 32 y, en lo que va de 2020, ya suman 19.

Al hacer una manifestación pacífica para solicitar nuevamente una audiencia con la fiscal general, Verónica Hernández Guiadáns, resaltó que han pedido verla unas 15 veces y no ha dado respuesta.

"No hay ningún detenido, no sabemos cómo están integradas las carpetas de investigación, no sabemos cómo han atendido a los compañeros, a los familiares. Lo que sabemos es que hay mucha discriminación al interior de la dependencia en el trato, discriminación por homofobia muy marcada", lamentó.

Callejas Hernández consideró que es urgente que exista una fiscalía especializada que atienda los delitos por homofobia, además de que es urgente que haya políticas transversales para ver cómo se están integrando las carpetas y que la Fiscalía deje de tipificar los delitos de odio como crímenes pasionales.

Puntualizó que la región donde más se han registrado este tipo de delitos contra la comunidad LGBTTTI es el sur de Veracruz, en Coatzacoalcos, Minatitlán, pero también en Poza Rica, Xalapa y Martínez de la Torre.

Recordó que ya se modificó la legislación para que se abran las carpetas de investigación por crímenes de odio, sin embargo, en Veracruz no se han armonizado los protocolos para atender a la población diversa.

"Si hablamos de la percepción de la ciudadanía y principalmente de los compañeros sí puede manifestarse como impunidad, no hay solución de absolutamente nada, no hay políticas públicas, no hay la voluntad de querernos recibir. Ésta audiencia la hemos solicitado desde que Hernández Guiadáns tomó el cargo y luego fue ratificada. Fuimos con el fiscal Alejandro Gertz Manero y él sí nos atendió, se nos hace increíble que aquí en el Estado la Fiscal no abra el espacio para poner en la agenda los crímenes de odio", señaló.

Refirió también que en el caso de la SSP a pesar de que se aprobó un protocolo de atención a la población de diversidad sexual, durante los operativos que los elementos policiacos estatales realizan, siguen acosándolos.

"A las chicas trans, sexoservidoras en Lázaro Cárdenas sufren acoso por parte de la policía estatal. Hemos metido algunos oficios con el número de patrullas para que se atiendan y a pesar de que hay un protocolo establecido, en los operativos siguen discriminando y acosando a las compañeras", reprochó.

Sin embargo, aclaró que debido a que tienen temor de que haya represalias en su contra durante sus jornadas laborales, prrefieren no denunciar formalmente, pero sí ha habido ocasiones en que dan parte de manera formal al secretario Hugo Gutiérrez Maldonado y con copia a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Finalmente, reiteró que quieren conocer el número, la forma y los avances de las carpetas de investigación contra sus compañeros porque, consideró, no es correcto que además se quiera criminalizar a quienes perdieron la vida por odio y es que, sostuvo, después de muertos, han dicho que fueron asesinados por sus comportamientos ilícitos.

"No se ha solucionado el caso de Abiram Hernández, ni de Alaska... el Alto Comisionado de la ONU hizo un pronunciamiento al gobierno del Estado el año pasado para que se solucionen los crímenes de odio. Entonces la percepción de la diversidad sexual es de indolencia, de invisibilización, falta de voluntad de atender este problema", expuso.

Redacción/CDP Noticias

Un total de 18 elementos de Tránsito del Estado fueron dados de baja al estar relacionados con temas de corrupción, informó José Antonio Camps Valencia director general. Estas bajas, se presentaron desde marzo de 2019 y en lo que va de 2020, periodo en el que asumió el cargo.

Entrevistado en Coatzacoalcos, en donde supervisó los filtros sanitarios en el malecón, agregó: “en temas de corrupción si hemos dado de baja no te puedo dar un dato exacto ahorita, pero yo calculo que desde que llegué se han ido unos 18 elementos, pero seguimos trabajando", comentó.

En otro tema destacó que las principales infracciones que se aplican en el estado tienen que ver con falta de documentación y por violar el reglamento de tránsito.

"La gente se queja de que los infraccionan, pero ¿por qué los infraccionan? porque no traen licencia, no traen tarjeta de circulación, cometen alguna infracción al reglamento de tránsito; esas son algunas en su mayoría las quejas que tenemos", detalló.

Finalmente, el funcionario reconoció que actualmente se nota mayor participación de los chóferes de transporte urbano y taxis al usar el gel antibacterial, cubrebocas y sumarse a la sanitización.

Redacción/ CDP Noticias

La delegación de Tránsito de Coatzacoalcos requiere de 70 agentes viales, aseveró Fernando Antonio Guzmán, titular de la dependencia.

La ciudad solo tiene 34 oficiales, cantidad insuficiente para el parque vehicular que es de más de cien mil unidades.

De estos agentes viales, un total de 20 son contratados por el gobierno del estado y 14 por el ayuntamiento porteño.

Mencionó que la Dirección General de Transito efectuará la contratación de más elementos en toda la entidad Veracruzana, por lo que también realizarán la gestión con el alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo para que los apoye con más personal.

“Ahorita la dirección general de transito va a contratar personal del estado y también el municipio nos está apoyando, la contratación va a ser de forma general, un número idóneo para cubrir sería alrededor de 60 a 70 elementos, vamos a ir avanzando poco a poco”, declaró.

Fernando Guzmán aclaró que los apoyos viales no aplican infracciones, por lo que los conductores pueden denunciar las irregulares que éste personal cometa.

Mariana Rivera/ CDP Noticias

Xalapa, Ver 

El Poder Judicial del Estado reconoció un adeudo con trabajadores de la institución con motivo del pago retroactivo al salario. 

Dicha soberanía informó que aún no se ha pagado el retroactivo del incremento salarial correspondiente a los meses de enero a octubre, por lo que el director de Administración, Humberto Rodríguez Losilla, se comprometió a finiquitar el adeudo el próximo mes de diciembre, tal como se hizo el año pasado. 

Hay que recordar que el acuerdo entre la autoridad judicial y el sindicato de la institución, indicaba que dicho pago quedaría listo el 15 de noviembre pasado, sin embargo, sólo se cubrió el incremento salarial esa quincena, quedando pendiente el pago de los 10 meses anteriores. 

No obstante, dada la cercanía del fin de administración del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, que concluye el 30 de noviembre próximo, persiste la incertidumbre entre la clase trabajadora, pues no saben si se cubrirá antes de que concluya el mandato del actual presidente. 

Mientras tanto se sabe que los dos sindicatos de la institución, preparan manifestaciones y la toma simbólica de inmuebles no sólo en Xalapa sino en los demás distritos judiciales, en demanda de que sean cubiertas dichas prestaciones.

Por Irma Santander

Coatzacoalcos, está de luto, y está así desde hace mucho tiempo.

La disputa de los grupos criminales en este municipio no para, no hay nadie, ninguna autoridad que los frene. Nos llevan al terrorismo. Los operativos de seguridad han fracasado; en cada hecho violento que se registra en Coatzacoalcos y en la región sur, no hay detenidos.

Los retenes de seguridad en las entradas y salidas, son parapeto.

Es más, los delincuentes se dan el lujo de burlarse de las autoridades, y hasta advertirles con un video grabado y difundido en las redes sociales que “busquen a los que en verdad cometen los ilícitos”.

Vaya, panorama tan patético. Los patos les tiran a las escopetas.

Mientras que a nuestras autoridades estatales pareciera que lo único que les interesa es competir por demostrar quien tiene el poder en Veracruz.

En cada evento sangriento, el Gobernador del Estado Cuitláhuac García Jiménez y el Fiscal General Jorge Winckler, demuestran su incapacidad hasta para sacarse sus trapitos, ni para eso les da. Balaceras, casas de seguridad, enfrentamientos, homicidios, asaltos, robos, desalojos, extorsiones, secuestros, venta de drogas, y lo que se acumule, son delitos que parecen no tener fin.

El ataque con presuntas bombas molotov al bar el “Caballo Blanco”, y con ello la masacre de 28 personas entre empleados y parroquianos, encendieron esos focos rojos que estaban latentes, esos focos rojos que ya se conocían y que las autoridades no quisieron ver.

La muerte de hombres y mujeres que quizás el único error fue estar en el lugar equivocado. Y otros más luchan por salvar la vida en una cama de hospital, ya que las quemaduras en el 90 por ciento de sus cuerpos son graves.

Esta es la realidad que vive el Coatzacoalcos de hoy. Ya estamos cansados de la indolencia.

De nada, absolutamente de nada sirven los más de 120 policías que después de la masacre en el “Caballo Blanco” enviaron los de Seguridad Pública, si solo estarán por unos días, y de ahí, no vuelven más.

Desaparecen.

Coatzacoalcos, una vez más fue noticia internacional en violencia. ¿Hasta cuándo seguiremos así?

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