Agencias /CDP NOTICIAS
Pío López Obrador, hermano del Presidente de la República, resultó inocente.
La Fiscalía de Delitos Electorales (FEDE), encabezada por el militante morenista José Agustín Ortiz Pinchetti, determinó que el dinero en efectivo que recibió Pío en 2015 en sobres y bolsas de papel no constituyó un delito pues no hubo “pruebas suficientes”para determinarlo.
El hermano del Mandatario recibió en 2015 dinero en efectivo de parte de David León, quien se desempeñaba entonces como asesor en el Gobierno de Chiapas, de Manuel Velasco (del PVEM), y que en el sexenio lopezobradorista fungió como Coordinador Nacional de Protección Civil.
El portal Latinus reveló en agosto de 2020 videos de esas entregas que permanecían en secrecía. El monto estimado era de 1.4 millones de pesos.
Los videos no fueron desmentidos ni rechazados por los implicados. Al contrario, admitieron que se trataba de dinero para “el movimiento” que dio origen a Morena, partido político registrado ante el INE y que debe cumplir como todas las organizaciones, con las normas y comprobaciones de ingresos lícitos.
Héctor Sánchez Zaldívar, agente del Ministerio Público Federal encargado de la indagatoria, determinó el no ejercicio de la acción penal en favor de Pío López Obrador y de David León.
El fiscal envió su resolución al Director General Jurídico en Materia de Delitos Electorales de la FEDE, quien suscribió la firma de autorización, según la defensa del tabasqueño.
Sánchez Zaldívar no sólo cerró la investigación bajo la consideración de que no existe un delito, sino que puso fin a la indagatoria para cancelar la posibilidad de seguir indagando el caso por un delito de orden de electoral.
La conclusión de la investigación se dio pese a que la FEDE no llamó a declarar al Presidente ni presencial ni por escrito, a pesar de que AMLO había manifestado no tener inconveniente en presentar su testimonio.
Uno de los cabos sueltos era interrogar a Pío, pues ante la Fiscalía se reservó su derecho a declarar aunque a medios de comunicación dijo que el dinero era para gastos de gasolina y transporte “del movimiento”.
De todas formas, cuando el hermano del Presidente volvió a comparecer, el pasado 5 de octubre, guardó silencio.
En un comunicado, la Fiscalía Electoral arguyó que el cierre del caso fue obligado por una orden del juez de amparo Julio Veredín Sena Velázquez de determinar “de manera inmediata” una resolución del caso.
La Fiscalía dijo que lo cerró de inmediato para acatar la petición del juez y por carecer de pruebas.
“Aun cuando se estaban desahogando diligencias de investigación con motivo de las recientes declaraciones públicas del señor Pío L., el Ministerio Público de la Federación, en acatamiento estricto a lo ordenado por el Juez de Amparo, determinó el no ejercicio de la acción penal por carecer hasta el momento de pruebas suficientes y fuera de toda duda sobre las responsabilidades penales correspondientes”, estableció en un comunicado.
Con información de Reforma
