IRMA SANTANDER / CDP NOTICIAS
En un fuerte operativo, elementos antimotines de la Policía Estatal ingresaron a la colonia ampliación Los Almendros, ubicada al poniente de Coatzacoalcos, para proceder al desalojo de decenas de viviendas de material y lámina, construidas desde hace más de una década.
Con retroexcavadoras fueron derribadas las casas aparentemente, sin una orden de desalojo de algún juez.
De este operativo presuntamente fueron detenidas cinco personas, entre ellas dos mujeres.
El área fue acordonada por elementos antimotines en un amplio perímetro de la colonia, incluso el acceso se restringió desde la avenida jirafas en la colonia Las Gaviotas.
Una de las afectadas Danaleli Morales Arias, afirmó que un particular les vendió terrenos a varias familias desde hace más de 13 años, algunas de ellas tienen solamente el derecho de posesión.
Morales Arias, quien durante el operativo forcejeó con los policías porque le negaron en un principio el acceso al predio propiedad privada; explicó que este es el tercer desalojo, en estos terrenos vive su mamá, que fue detenida.
De acuerdo a testimonios de los vecinos, uno de los presuntos dueños de los terrenos, que incluso están cercados con postes y alambres de púas, y con un letrero que dice propiedad privada, es de la familia Guízar, quién les habría vendido desde los cien mil a 400 mil pesos.
La afectada qué es abogada, denunció que las autoridades están actuando con uso excesivo de la fuerza y sin presentar la documentación legal correspondiente.
“ES EL PATRIMONIO DE NUESTROS HIJOS Y NOS QUIEREN AMEDRENTAR”
Entre la incertidumbre y el miedo, otra de las vecinas que compró un terreno en 400 mil pesos, relató el drama que viven al menos siete familias que, tras ocho años de haber construido sus hogares con esfuerzo, hoy ven su patrimonio en riesgo.
Recordó con amargura un primer intento de desalojo donde fueron agredidos con machetes, armas de fuego y perros que fueron azuzados contra los niños para asustarlos.
Los vecinos aseguran haber actuado de buena fe. Compraron los terrenos a una mujer que aseguraba ser la dueña legítima.
“No es justo. Es un patrimonio que ya está ahí. Somos familias con niños que están asustados. Nosotros pagamos por esto hace años y ahora solo pedimos que se hable claro, no que nos agredan”, aseveró.
Los colonos hicieron un llamado urgente a las comisiones de derechos humanos y a la sociedad civil a través de redes sociales, enfatizando que dentro del perímetro del desalojo se encuentran menores de edad que están siendo obligados a abandonar sus hogares bajo presión.
“Nos están violentando el derecho de cada ciudadano y de todos los menores de edad”, afirmó.
Según el relato de Morales, la problemática se originó hace más de una década, cuando un particular vendió terrenos a diversas familias. A pesar de contar con derechos de posesión y haber construido viviendas de material y lámina con sus ahorros, el acoso ha sido constante.
Al lugar llegaron camionetas de mudanzas para llevárselas pertenencias de las personas que habitan en el sitio.
“Mi mamá lleva más de 10 años que compró. Ya no es la primera vez; anteriormente ya le tiraron su casa y no voy a permitir que por segunda vez se la tumben”, sentenció Danaleli ante la amenaza de la maquinaria pesada.
Señaló que, a pesar de haber interpuesto denuncias previas y solicitado la intervención directa del Gobierno, no han recibido una solución jurídica definitiva.
Uno de los puntos más críticos del operativo fue la detención de personas en el lugar, entre ellas la madre de Danaleli, quien presuntamente fue asegurada sin que se mostrara una orden de aprehensión o de desalojo.
“Mi hermana está llorando porque tienen a mi mamá detenida allá adentro. ¿Por qué motivo? Ella no es ninguna delincuente. Tiene el derecho de vivir en su vivienda; es su casa, ella la pagó y la construyó”, denunció la joven.
“ES EL PATRIMONIO DE NUESTROS HIJOS Y NOS QUIEREN AMEDRENTAR”
Entre la incertidumbre y el miedo, otra de las vecinas que compró un terreno en 400 mil pesos, relató el drama que viven al menos siete familias que, tras ocho años de haber construido sus hogares con esfuerzo, hoy ven su patrimonio en riesgo.
Recordó con amargura un primer intento de desalojo donde fueron agredidos con machetes, armas de fuego y perros que fueron azuzados contra los niños para asustarlos.
Los vecinos aseguran haber actuado de buena fe. Compraron los terrenos a una mujer que aseguraba ser la dueña legítima.
“No es justo. Es un patrimonio que ya está ahí. Somos familias con niños que están asustados. Nosotros pagamos por esto hace años y ahora solo pedimos que se hable claro, no que nos agredan”, aseveró.
Los colonos hicieron un llamado urgente a las comisiones de derechos humanos y a la sociedad civil a través de redes sociales, enfatizando que dentro del perímetro del desalojo se encuentran menores de edad que están siendo obligados a abandonar sus hogares bajo presión.
