Cortesía / CDP Noticias
Las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica que aprobó el pleno de la Cámara de Diputados son inconstitucionales porque frenan la competencia y dañan la certidumbre jurídica de los inversionistas, advirtieron abogados.
Bernardo Cortés, de Dentons Lopez-Velarde, señaló que la reforma es agresiva, ya que cambia las reglas de despacho de energía.
“A mi parecer es inconstitucional. En la medida en que no se está modificando el principio de la Constitución de abrir la libre competencia a las oportunidades de generación y comercialización de electricidad, crear una ley secundaria con base en esta reforma estaría violando ese principio de libre competencia, y por lo tanto, sería inconstitucional”, advirtió.
Sostuvo que en el caso de los permisos de autoabasto, con el cambio a la reforma, se modifica la protección jurídica que tenía la ley, ya que ahora la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene facultades ‘omnipotentes’ para poder revocarlos.
“Esos permisos podrán revocarse sin ningún tipo de justificación ni nada por el estilo, creo que en ese sentido la falta de retroactividad pudiera ser perjudicial”, indicó.
Por su parte, Miriam Grunstein, socia sénior de Brilliant Energy Consulting, coincidió en que lo más grave es la revisión establecida en el artículo quinto transitorio, donde se determina que los contratos de generación y compraventa suscritos con productores independientes deberán garantizar su legalidad.
“La amenaza de revisar y de revocar permisos y contratos sí es aterradora. Si yo viera eso en una ley no volvería a meter un peso en este país”, manifestó la abogada.
Claudio Rodríguez Galán, de Thompson & Knight, indicó que la reforma está ‘herida de muerte’, pues “es una ley, un decreto, que es contrario a la Constitución; por más que esté fundada en dogmatismos y memorándum ideológicos, estos y la ley federal no pueden ir en contra de la Constitución. Esto abre un abanico de defensas legales que se van a activar. La afectación real será para la industria mexicana”, dijo.
En tanto, Paolo Salerno, socio de la firma Salerno y Asociados, dijo que la reforma es un golpe en inversión nacional y extranjera, y que representa incumplimientos a la transición energética, a través de acuerdos como el de París, el T-MEC y el de la Unión Europea.
“Preveo un paro total de la inversión. El golpe es económico porque imagínate, cambia eso, pues obviamente la gente no va a poner un peso ni de broma”, y señaló que al dar preferencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho, habrá aumento en las tarifas o en subsidios de la electricidad.
LLEGARÁ A LA SUPREMA CORTE
Por su parte, en un panel organizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Montserrat Ramiro, especialista y excomisionada de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), explicó que de no declararse inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comenzarán litigios y paneles de controversia a través del T-MEC, principalmente.
“Pasa a senadores y tienen un lapso de 15 días para discutirlo y votarlo, e instantáneamente todas las empresas eléctricas, por responsabilidad fiduciaria, para no tener la responsabilidad de no haber cuidado los recursos de sus inversionistas, van a tener que ampararse frente a esto y se hará un litigio que en su última consecuencia habrá de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se tendrá que pronunciar ante la constitucionalidad de esto”, dijo.
En la misma mesa, Víctor Gómez, economista sénior de Finamex Casa de Bolsa, advirtió que “el impacto sobre las finanzas públicas será negativo, pero la evidencia del deterioro sustantivo no será tangible de forma rápida”, advirtió.
Oscar Ocampo, coordinador de Energía del IMCO, señaló que la reforma destruye los incentivos que se crearon para fomentar la creación de energías renovables, y desvirtúan el papel del Certificado de Energía Limpia (CEL).
“Esto representa para México abrir un frente contra Estados Unidos por decisiones en dirección contraria en materia de sustentabilidad internacional”, anticipó el experto.
Con información de El Financiero
