Redacción/CDP Noticias
La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) señaló que con todo y que el gobierno de Coatzacoalcos gasta 250 millones de pesos en el servicio de limpia pública incumple con la disposición final de los residuos.
Al final de un comunicado emitido el viernes, la dependencia criticó tal situación así como al ayuntamiento de Veracruz por el mismo tema.
“Ayuntamientos como los de Veracruz y Coatzacoalcos destinan cuantiosas sumas al servicio de Limpia Pública, con 374 millones 447 mil 332 y 250 millones 500 mil 303 pesos, respectivamente.
Pese a lo anterior, no cumplen con el Artículo 115 constitucional, toda vez que no sólo deben ordenar la recolección y transporte de la basura sino encargarse de que la disposición final sea la pertinente, a fin de no dañar el entorno ecológico ni la salud de la ciudadanía”, señala el comunicado.
Aquí el boletín:
Firman PMA y ORFIS convenio de cooperación técnica Xalapa, Ver., 07 de febrero de 2020.- Este día, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) firmaron un convenio de cooperación técnica, para garantizar la aplicación de las leyes en materia ambiental y el uso correcto de los recursos públicos.
Acompañados por la jefa de la Oficina de Programa de Gobierno (PROGOB), Waltraud Martínez Olvera, signaron el acuerdo la auditora general, Delia González Cobos, y el procurador, Sergio Rodríguez Cortés, quien resaltó que “la Cuarta Transformación plantea estrategias para abatir el rezago en este rubro, pues la mayoría de los municipios, por falta de conocimiento técnico, ha sido omisa y no atiende sus obligaciones”.
Cabe mencionar que ayuntamientos como los de Veracruz y Coatzacoalcos destinan cuantiosas sumas al servicio de Limpia Pública, con 374 millones 447 mil 332 y 250 millones 500 mil 303 pesos, respectivamente.
Pese a lo anterior, no cumplen con el Artículo 115 constitucional, toda vez que no sólo deben ordenar la recolección y transporte de la basura sino encargarse de que la disposición final sea la pertinente, a fin de no dañar el entorno ecológico ni la salud de la ciudadanía.
