Osvaldo Antonio Sotelo | CDP NOTICIAS
Un grupo de abogados denunció públicamente, a las afueras de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 38, el rezago de más de 20 mil juicios del sistema tradicional. Aseguran que estos expedientes corren el riesgo de ser archivados o declarados caducos antes de 2028, lo que dejaría en estado de indefensión a miles de trabajadores veracruzanos.
Los litigantes acusaron que, bajo el argumento de cumplir con la meta de concluir todos los asuntos laborales pendientes para dicho año, se están tomando decisiones “autoritarias” que afectan directamente a la clase obrera.
El abogado Fausto Vicente Torres Pérez señaló que, recientemente, diversos expedientes —particularmente aquellos contra dependencias federales como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Pemex o el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)— han sido remitidos a la Ciudad de México. Esta medida obliga a los demandantes a trasladarse para dar seguimiento a sus procesos, encareciendo y obstaculizando la justicia.
“Están obligando al trabajador a litigar en la Ciudad de México y a contratar abogados allá, cuando los asuntos deben ventilarse aquí, tal como lo establece el Artículo 17 Constitucional, que garantiza una justicia pronta, completa e imparcial”, expuso Torres Pérez.
Los especialistas advirtieron que esta situación podría dejar a la región en una “total orfandad judicial”, al cancelar o archivar expedientes que incluyen demandas millonarias contra empresas contratistas y diversas instituciones bancarias. Según la denuncia, muchos de estos procesos acumulan entre 14 y 20 años en trámite.
Por su parte, la abogada Consuelo Valentina expuso que dentro de la propia Junta existen prácticas dilatorias, como la demora de hasta un año para emitir dictámenes. Señaló, además, que la falta de personal y de actuarios ha impedido el avance oportuno de los procedimientos.
“Los presidentes y auxiliares están obligados por ley a impulsar de oficio los procesos, pero eso no se está haciendo. En lugar de fortalecer las juntas con más personal, están optando por cerrar y declarar caducidades de forma indiscriminada”, afirmó la litigante.
Si bien reconocieron que la reforma laboral buscaba agilizar la impartición de justicia y que los nuevos juicios orales han reducido los tiempos de resolución a dos o tres años, advirtieron que el problema crítico radica en el sistema anterior, cuyos expedientes siguen en el limbo.
Finalmente, hicieron un llamado urgente al Gobierno Federal para que se destinen los recursos humanos y materiales suficientes a la Junta 38. El objetivo es garantizar el acceso efectivo a la justicia laboral en Veracruz y evitar que miles de trabajadores pierdan la posibilidad de obtener un laudo favorable tras años de litigio.
