Agencias/CDP NOTICIAS
Las empresas de transporte del País están padeciendo un impacto millonario por la exigencia que hace el Gobierno federal, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), del Complemento Carta Porte (CCP).
Una medida que se propone formalizar a transportistas y combatir el contrabando y robo de mercancías, entre otras cuestiones, ha burocratizado trámites y generado pérdidas. Los afectados piden asesoría y capacitación para eficientar procesos.
Los transportistas señalan retrasos en la logística, rechazo de embarques o fletes, mayor burocracia y la necesidad de contratar despachos y mayor personal para cumplir con este trámite que empezó el pasado 1 de enero.
El CCP busca acreditar la posesión de mercancías y garantizar el origen lícito, pero no consideró más de 100 variantes que enfrentan de manera cotidiana los involucrados en la logística, lo que los ha abrumado, según afectados.
La carga administrativa se elevó hasta 10 veces, de acuerdo con una encuesta de la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra).
El trámite afecta a las grandes empresas del transporte de carga en todas sus modalidades, pero las micro, pequeñas y medianas -que representan más del 97 por ciento de los permisionarios- tienen la mayor dificultad.
“La cantidad de información solicitada resulta una carga sumamente onerosa a los transportistas y usuarios del servicio”, dijo Omar Aguirre, delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) en Nuevo León.
Un transportista, que prefirió el anonimato, narró que ha rechazado embarques ante la incapacidad de cubrir toda la información solicitada.
Dependiendo del incumplimiento, la autoridad puede imponer multas desde los 400 pesos hasta más de 97 mil pesos, pero en caso de reincidencia se puede clausurar el negocio.
“Es muy probable que muchos embarques se estén haciendo sin que haya sido emitido el documento”, advirtió Refugio Muñoz, vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).
“El 97.4 por ciento de los permisionarios son micros y pequeños transportistas”, explicó, “y evidentemente no tienen la infraestructura suficiente, como los grandes, para estar cumpliendo con esa disposición”.
Muñoz cuestionó que el SAT se comprometió a desarrollar una aplicación para simplificar el trámite a los pequeños empresarios, pero que no haya cumplido.
Asimismo urgió a Raquel Buenrostro, titular del SAT, reactivar las mesas con los empresarios para facilitar la implementación de la Carta.
Jesús Francisco López, vicepresidente de Relaciones Institucionales de la Caintra, reconoció el diálogo con el SAT, previo a esta medida, pero coincidió en que las empresas requieren más asesoría y capacitación.
Con información de Reforma
