Agencias /CDP NOTICIAS
El Instituto Nacional Electoral (INE) condenó ayer la “persecución” penal que emprendió el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, al haber denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los consejeros electorales que votaron a favor de aplazar temporalmente la consulta sobre revocación de mandato.
En un pronunciamiento público, los 11 integrantes del Consejo General afirmaron que la denuncia es una acción injustificada y sin sustento legal que busca inhibir la independencia con la que resuelven asuntos.
“Es muy preocupante que el Presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra Consejeros y Consejeras que votaron a favor del acuerdo mencionado, así como contra el Secretario Ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado”, señalaron.
“Se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen”.
En un hecho inédito, el morenista Gutiérrez Luna denunció penalmente a seis consejeros electorales por el acuerdo con el que -por mayoría de votos- el INE decidió posponer temporalmente la organización de la consulta sobre revocación, debido a la falta de presupuesto.
La denuncia, que incluye al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, es por coalición de servidores públicos, abuso de autoridad y otros delitos en agravio del servicio público.
Tan solo el primero de estos delitos es castigado hasta con siete años de prisión.
“Por encima de las diferentes posiciones que hemos adoptado sobre esta y otras decisiones, las Consejeras y Consejeros electorales del INE rechazamos las denuncias penales contra cualquiera de nuestras y nuestros compañeros, y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía”, establecieron ayer.
En un Estado democrático de Derecho, subrayaron los consejeros electorales en su posicionamiento, incluido el presidente del INE, Lorenzo Córdova, las diferencias de opinión y de votos son naturales, se respetan y no se persiguen como delitos.
Entregan ‘firmas’; la mayoría no es verificable
De los casi 10 millones de firmas entregadas para respaldar la consulta sobre revocación de mandato presidencial, más de 8 millones se obtuvieron en formatos de papel, mecanismo que el INE había desechado inicialmente debido a que implica más riesgo de trampas, simulación y falsificación.
El formato de papel, advirtió en su momento el Instituto, no sólo implica una revisión acta por acta que tarda semanas, sino la imposibilidad de verificar su autenticidad a través de todos los candados que sí prevé la aplicación creada para ese fin, y por la cual sólo se reunieron 1.3 millones de firmas, de las que 13 por ciento tiene inconsistencias.
Con información de Reforma
