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La Fiscalía General de la República acusó que en el Conacyt y el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT) existía una organización criminal comandada por 9 ex funcionarios, cuyos delitos podrían alcanzar hasta 82 años y medio de prisión.
Los principales “líderes” de ese grupo delictivo son el ex director general del Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza; la ex coordinadora del FCCyT, Julia Tagüeña Parga; el director adjunto de Administración y Finanzas, David García Junco Machado, y el ex Oficial Mayor del consejo, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez.
“De los hechos citados, se desprende la existencia de una organización encabezada por al menos 4 directivos del Conacyt (Cabrero Mendoza, Tagüeña Parga, García Junco Machado y Carreón Rodríguez), así como por miembros del Foro, en su mayoría nombrados por el propio Director General del Conacyt, que curiosamente desempeñaban las funciones de los cargos conferidos dentro de la estructura del FCCyT, organización en la que también participaron al menos 23 directivos del Conacyt”, dice la Fiscal Genny Franco Martínez, en su solicitud de 31 órdenes de aprehensión del pasado 24 de agosto.
La pena para estos cuatro ex funcionarios sería de hasta un máximo de 60 años de prisión por delincuencia organizada y de 22 años y medio de cárcel por el delito de lavado de dinero.
Lo anterior, porque si bien los castigos para el primer ilícito es de 20 a 40 años contra los que tienen la calidad de líderes delictivos, y el segundo tiene una sanción de 5 a 15 años de cárcel, en el caso de los servidores públicos, la pena aumenta en una mitad.
Al argumentar la necesidad de cautela, la FGR indicó que la pena máxima que puede imponerse es uno de los principales motivos por los que pidió la orden de aprehensión y no un citatorio para una audiencia de imputación.
“Otro aspecto a considerar es el máximo de la pena que eventualmente se pudiera imponer. La pena que, eventualmente, podría imponerse a los imputados, constituye un factor que hace suponer que se podrían sustraer de la acción de la justicia”, señala.
Todo el aparato
Para armar el caso, la FGR acudió el 22 de enero y el 27 de abril de 2021 a un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur para obtener la información bancaria del Foro, la cual le autorizaron.
En la segunda audiencia, le autorizaron el acceso a los cheques emitidos desde instrumentos financieros contratados por el FCCyT en BBVA Bancomer.
Antes, el SAT le había hecho entrega a la Fiscalía de las declaraciones fiscales del FCCyT, de 2013 a 2019. Las entregas de información fueron el 2 y 15 de diciembre de 2020.
Con información de Reforma
