IRMA SANTANDER/CDP NOTICIAS
A un mes del cierre de cinco juzgados en el sur por Covid-19, abogados temen que una vez que sean reabiertos el exceso de carga de trabajo será a un 200 por ciento.
Se estima que el próximo 2 de agosto abran los juzgados al término del período vacacional.
Raúl Brito Molina vocal primero de la asociación de Profesionales del Derecho en el sur de Veracruz, explicó que por la presunta corrupción en el manejo del presupuesto por parte de la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cerraron los juzgados familiares, entre ellos dos en Coatzacoalcos, Las Choapas, Acayucan, Uxpanapa, esos expedientes ahora estarán en Coatzacoalcos y Minatitlán, lo que elevará la carga de trabajo.
Esta situación afecta a por lo menos 5 mil abogados litigantes en el sur.
“Tenemos un retroceso muy grave en materia de impartición de justicia debido a que la actual presidenta del Consejo de la Judicatura Isabel Inés Romero Cruz descuidó el presupuesto que es el 2 por ciento del total del Estado, a mitad del año se los gastaron en sueldos elevados, esto provocó el quebranto de las finanzas”, refirió.
El abogado dijo que el pretexto del Tribunal Superior de Justicia es que se haría una “reingeniería”, y por ello el cierre de algunos juzgados familiares.
Brito Molina aseveró que la ciudadanía es la más afectada, sobre todo las mujeres que han sido violentadas.
El litigante agregó que es grave la situación por el cierre definitivo de algunos micro juzgados y juzgados, y por el exceso de trabajo que tendrán los inmuebles que quedaron, “no van a poder con tanta demanda de justicia, porque hubo despido de personal”, insistió.
Por su parte Carlos González Díaz, presidente de la asociación de Profesionales del Derecho en el sur de Veracruz, sostuvo que el Poder Judicial del Estado imparte injusticia a los más necesitados.
“Es muy lenta la impartición de justicia y a nuestros clientes les interesa que avance, son decisiones tomadas con los pies”, reprochó.
Coincidió qué el cierre de los juzgados micro regionales dejó desamparados a quienes menos tienen porque ahora tienen que viajar a otros municipios para darle seguimiento a sus procesos judiciales.
