Irma Santander /CDP NOTICIAS
Abogados litigantes del sur se pronunciaron en contra del cierre de 29 juzgados del Poder Judicial del Estado (PJE), e hicieron un exhorto a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Isabel Inés Romero Cruz, para que reconsidere esta medida.
Tan sólo en Coatzacoalcos dejará de operar el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar y los expedientes así como documentación serán redistribuídos al Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar.
También cerrará el Juzgado Décimo Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar.
El abogado Fausto Vicente Torres Pérez dijo que el fin no justifica los medios y adelantó que el acceso a los defensores también será restringido.
“Bajo el supuesto de austeridad y presupuesto que supuestamente será usado en la creación de los nuevos Tribunales de justicia laboral están cerrando dos juzgados familiares en Coatzacoalcos.
Sin embargo, considero que la decisión no es acertada dado que la carga de rezago aumentará. Si ya de por sí con el tema de la pandemia se ha limitado el acceso a los juzgados familiares ahora con esta medida desatinada provocará mayor agravio a las familias que acuden a solucionar controversias ante dichas instancias”, expresó el miembro de los Abogados del Sur de Veracruz.
Las familias veracruzanas serán las más perjudicadas y lejos de privilegiar la justicia pronta y expedita habrá mayor carga de trabajo, mientras que las resoluciones tardarán años en los expedientes.
El litigante reveló que en el Juzgado Octavo han sido discriminados abogados y usuarios por parte de su titular, Luis Daniel Ruiz Guerrero, así como de sus subordinados, ya que prácticamente todos los servidores públicos brindan un trato hostil.
“Tardarán siglos en atender, el juez nunca está y cuando llega es a las doce del día. Prácticamente el juez se da a desear. Todo es desde afuera de las instalaciones, no permiten el acceso al juzgado a ningún abogado salvo sus excepciones, hay mucho tortuguismo en los acuerdos”, agregó.
El abogado puso como ejemplo el caso del expediente familiar número 898/2016 promovido por la Señora Sandra Vanesa Montes Ricardez, quien desde el 16 de junio de este año presentó ante dicho juez una promoción solicitando conforme a los artículos 233,234,239,242 y 242 bis fijara una pensión alimenticia y decretara su aseguramiento al advertirse del expediente que el deudor alimentario se ha salido de la fuente laboral para no dar pensión.
La agraviada solicitó un cambio de pensión por porcentaje a líquida y es el caso que a la fecha no ha sido acordada dicha petición, pese a que es un tema urgente porque se trata de la subsistencia alimentaria de unos menores quienes no reciben alimentos por parte de su desobligado padre.
