Comunicado/ CDP Noticias
El Congreso de Veracruz aprobó que en el Código Penal del Estado se establezca la imposición de dos a cinco años de prisión y multa de cien a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) a quien se apodere de mercancías, objetos o bienes transportados en vehículos públicos o privados, aprovechando el estado de vulnerabilidad, confusión o desorden provocado por un accidente, siniestro o hecho de tránsito.
El dictamen las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones deriva de la Iniciativa de Decreto que adiciona el Artículo 207 Bis al Código Penal del estado de Veracruz, presentada por el diputado Omar Edmundo Blanco Martínez en Sesión Ordinaria de este Congreso el 14 de mayo de 2026.
La reforma aprobada con 46 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, se encuentra sustentada en la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica, la protección de las personas transportistas, la seguridad en las carreteras y la tutela del patrimonio de particulares, permisionarios y empresas frente a actos de saqueo o rapiña cometidos después de accidentes, siniestros o hechos de tránsito.
Se trata de actos de apoderamiento de mercancías y bienes que ocurren después de accidentes o siniestros viales, cuando las personas afectadas, las unidades de transporte y la carga se encuentran en una situación de vulnerabilidad, confusión o desorden. En estas circunstancias, se lee en el dictamen, dicha conducta puede poner en riesgo la integridad de las personas, obstaculizar las labores de auxilio y agravar las consecuencias económicas y sociales del hecho de tránsito.
Esta actualización al Código Penal del estado debe aplicarse con respeto a los principios de legalidad, taxatividad, culpabilidad, presunción de inocencia, debido proceso y proporcionalidad de las penas, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el sistema penal acusatorio. La sanción sólo podrá imponerse cuando se acrediten los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal y la responsabilidad de la persona imputada.
El propósito de la reforma guarda relación con el fortalecimiento del Estado de Derecho, la seguridad en las vías de comunicación, la protección de las personas transportistas y la prevención de conductas que agravan los riesgos derivados de accidentes o siniestros.
Posicionamientos
En nombre del Grupo Legislativo de Morena, Omar Edmundo Blanco Martínez aseveró que una emergencia no puede ser una oportunidad para robar y que quien se aproveche de ésta debe responder ante la Ley. A esto sumó que el trabajo de la gente merece respeto y no se debe permitir que alguien se aproveche de una situación difícil para quedarse con lo ajeno. Y advirtió: “La mercancía ajena se respeta y la rapiña no quedará impune.
Por último, el diputado Urbano Bautista Martínez manifestó el respaldo del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al dictamen. Dijo que cuando ocurre una tragedia lo primero debe ser salvar vidas y ser solidarios, no aprovecharse de la situación. Consideró que la rapiña no es inevitable, no debe normalizarse y tampoco representa a la sociedad. “Cuando alguien sufre un accidente la respuesta de una sociedad civilizada no puede ser el saqueo, debe ser el auxilio, la solidaridad, la protección y la justicia”, concluyó.
