Irma Santander / CDP NOTICIAS
La Fiscal General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, encabezó la mesa de coordinación para la construcción de la paz en Coatzacoalcos acompañada por el presidente municipal, Pedro Miguel Rosaldo García, donde evaluó las estrategias tácticas enfocadas en el combate a la delincuencia y la disminución de la incidencia delictiva en la zona sur de la entidad.
La fiscal fue captada saliendo de las instalaciones del palacio municipal, por la avenida de Llave a bordo de una camioneta blanca, sin dar declaraciones a la prensa que la esperaba afuera.
En un comunicado la FGE, informó que en la reunión se abordaron temas relacionados con la 𝗽𝗿𝗼𝗰𝘂𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮 𝘆 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼́𝗻, destacando la importancia de mantener una 𝗰𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗲𝗻𝘁𝗲 entre los distintos órdenes de gobierno.
Además de 𝘀𝘂𝗺𝗮𝗿 𝗲𝘀𝗳𝘂𝗲𝗿𝘇𝗼𝘀 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 𝘆 𝗳𝗼𝗿𝘁𝗮𝗹𝗲𝗰𝗲𝗿 𝗹𝗮𝘀 𝗮𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘆𝗮𝗻 𝗮 𝗹𝗮 𝗽𝗮𝘇, 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝘆 𝗲𝗹 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝗼 𝗮 𝗹𝗮 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮.
Esta visita se da en medio de carpetas de investigaciones rezagadas, manifestaciones de colectivos de madres buscadoras y de índices delictivos en el sur.
RECORRE FISCALÍAS
Tras concluir la sesión de seguridad interinstitucional, la titular de procuración de justicia llevó a cabo visita de supervisión por las instalaciones de las procuradurías, fiscalías regionales y las áreas de servicios periciales asentadas en Coatzacoalcos y municipios aledaños.
Durante este recorrido, constató la operatividad de los laboratorios forenses y las unidades de atención integral, verificando que los servidores públicos cuenten con las herramientas técnicas y materiales indispensables para agilizar las investigaciones ministeriales.
En la visita de inspección a las oficinas periciales y de procuración de justicia, la funcionaria sostuvo encuentros directos con fiscales, peritos y elementos de la policía ministerial.
En los diálogos con el personal operativo, enfatizó que la eficiencia en la dación de dictámenes periciales es un pilar fundamental para erradicar la impunidad y garantizar un acceso expedito a la justicia para los habitantes de la región sur.
