Irma Santander / CDP NOTICIAS
Un rezago judicial del 80 por ciento en los expedientes del Juzgado de lo Familiar en Coatzacoalcos —agravado desde 2016 por constantes reestructuraciones administrativas, la pandemia, fallas eléctricas y deficiencias de infraestructura— mantiene los juicios estancados hasta por tres años, vulnerando los derechos de los justiciables en el Distrito 21.
Así lo denunció la abogada postulante Irasema del Carmen Sánchez Ortiz, quien señaló que la saturación obliga a almacenar expedientes en el suelo, sillas y escritorios.
A esta acumulación se suman los cambios recientes por reformas al Poder Judicial y la creación de actuarías municipales en municipios como Las Choapas, Nanchital e Ixhuatlán del Sureste.
Además de la crisis de espacio, persisten carencias operativas críticas como falta de insumos, fallas en internet y espacios reducidos que comprometen la privacidad en audiencias delicadas de menores, afectando temas prioritarios como pensiones alimenticias, guarda, custodia y tutelas.
“Tenemos una situación desde 2016 que fue cuando se extingue el juzgado menor como antecedente, luego viene la creación de los juzgados familiares; luego se crearon el décimo sexto y el décimo cuarto, se vuelven a extinguir, vuelven a extinguir el décimo cuarto, el décimo sexto, crean juzgados microrregionales, los vuelven a extinguir”, comentó.
INFRAESTRUCTURA DEFICIENTE Y CRISIS ENERGÉTICA
Aunque el transformador ya opera de manera normal, la abogada señaló que “siguen habiendo deficiencias porque las instalaciones no son las adecuadas para laborar”.
Describió un entorno donde “no hay hojas, no hay agujas, no hay sellos, las impresoras no funcionan, a veces falla el internet, el lugar es muy pequeño”, dijo.
Esta precariedad se agrava en las audiencias.
“Tenemos audiencias de menores a veces complicadas o pesadas en donde hay tensión y la persona que está al lado de la mesa puede estar escuchando lo que está pasando en la otra audiencia y eso es un elemento estresor incluso para los niños”, refirió.
JUICIOS ESTANCADOS
Esta situación obliga a que los procesos se aletarguen de forma crítica.
“Lamentablemente en esta situación ya me ha tocado ver que los juicios se pueden aletargar hasta dos o tres años”, reiteró.
Para Sánchez Ortiz, esto vulnera gravemente los derechos de los justiciables en temas sensibles como pensiones alimenticias, guarda y custodia o tutelas, afectando además la labor de los postulantes al no poder garantizar un acceso pronto a la justicia ni fomentar la cultura de la legalidad ante causas ajenas a su ejercicio profesional.
