Irma Santander / CDP NOTICIAS
El operativo de alcoholimetría realizado el pasado fin de semana en la Avenida Universidad de Coatzacoalcos ha desatado una ola de denuncias por parte de los automovilistas afectados, quienes señalaron una serie de irregularidades que van desde la aplicación arbitraria de multas máximas hasta el daño y robo de pertenencias dentro de sus unidades mientras permanecieron en el corralón.
Uno de los principales reclamos de los ciudadanos es la falta de transparencia en la imposición de las sanciones.
Según los testimonios, a pesar de que el reglamento de tránsito especifica tabuladores basados en Unidades de Medida y Actualización (UMA) dependiendo de la gravedad de la falta —donde las multas pueden variar según existan agravantes o no—, las autoridades aplicaron de manera generalizada la multa más alta.
Documentos obtenidos por los afectados muestran la infracción máxima de $13,491.00 pesosaplicada a diversos conductores.
“A todos nos pusieron la multa más alta; no se basan en el tabulador”, señaló uno de los denunciantes, quien aseguró que incluso quienes no incurrieron en daños a terceros fueron sancionados con el tope máximo.
EL MODUS OPERANDI DEL CORRALÓN: PAGOS INFORMALES
La situación se complica en el servicio de arrastre a cargo de la empresa denominada Grúas de México.
Los automovilistas reportaron que el proceso de liberación del vehículo se lleva a cabo mediante una dinámica irregular, es decir, todo el trámite se realiza exclusivamente a través de WhatsApp, sin oficinas físicas de atención al público.
Se exige el pago de $5,014.00 pesos por concepto de arrastre y corralón, mediante transferencias a cuentas de personas físicas —en este caso, a nombre de un tercero identificado como “Gustavo Martínez”—, sin que se emita factura o nota fiscal que respalde el pago.
Los denunciantes afirmaron que la empresa no se hace responsable por el estado de las unidades ni por los objetos que se encuentran dentro de ellas.
DAÑOS, RAYONES Y ROBO DE PERTENENCIAS
Los conductores, quienes el lunes acudieron al corralón de Grúas de México, coincidieron en que los vehículos fueron entregados con daños físicos visibles, como rayones en el cofre provocados durante el arrastre, y daños en el interior de los tableros.
Más grave aún, reportaron el robo de pertenencias que dejaron al interior de los autos. Entre los objetos sustraídos se encuentran teléfonos celulares (algunos utilizados para labores de transporte por aplicación), artículos de valor sentimental como rosarios, entre otros.
EXIGENCIA DE TRANSPARENCIA
Los afectados calificaron el operativo y el proceso posterior de liberación como “un robo institucionalizado”.
En total, un automovilista puede llegar a pagar cerca de $20,000 pesos entre la multa de tránsito y el servicio de grúa.
Los ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades estatales para que se investigue el actuar de los elementos de tránsito y se audite la operación de Grúas de México, con el fin de frenar lo que consideran una estrategia de recaudación ilegal.
