Redacción/CDP Noticias
Durante 180 días, la Fiscalía General de la República (FGR) ha guardado silencio absoluto en torno al multihomicidio ocurrido en el centro nocturno “Caballo Blanco”, durante la noche del 27 de agosto de 2019 en Coatzacoalcos.
A seis meses de la masacre, que le costó la vida a más de 30 personas, la FGR no ha emitido una sola línea o declaración con respecto a avances en las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos.
Durante este tiempo, las autoridades se han escudado en la secrecía del caso, pese al interés público que hay por la gravedad de lo sucedido.
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el entonces fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, han sido las únicas autoridades que han proporcionado información en entrevistas, pese a que el asunto es competencia del órgano autónomo federal.
Las víctimas, al igual que la opinión pública, siguen esperando resultados debido a que se desconoce el estatus del caso que enlutó a Coatzacoalcos e incluso, familias de otros países, pues entre los muertos había marinos de origen filipino.
Vía transparencia fue solicitada información a la FGR, específicamente cifras de carpetas de investigación abiertas, detenciones y órdenes de aprehensión ejecutadas, pero no hubo respuesta.
La Fiscalía argumentó en la respuesta a la solicitud 0001700212620 que no podía dar ese tipo de detalles debido a que los números de tales procedimientos correspondían a información clasificada como reservada.
Lo anterior, sin necesidad que sesionara el Comité de Transparencia para validar la clasificación de la información como reservada a solicitud del área correspondiente.
Hace dos semanas, familiares de las víctimas que perdieron la vida encararon al gobernador Cuitláhuac García debido a que las autoridades ni siquiera han cumplido con los compromisos de apoyo económico, atención psicológica y asesoría legal.
Recordaron que varios menores de edad perdieron a sus padres, que eran el sustento de las familias y ahora existen dificultades por la custodia de los menores de edad.
El ejecutivo estatal dijo que pediría cuentas a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (Ceeaiv), pero se desconocen los resultados.
Por su parte, el lugar donde ocurrió el multihomicidio permanece bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y todavía meses después de lo acontecido peritos realizaban su trabajo en el centro nocturno de la avenida Román Marín.
Sin embargo, el caso camina hacia la impunidad, pues según dichos de las propias autoridades de la FGR es un asunto complicado tanto para el Estado como la Federación.
