Irma Santander/CDP NOTICIAS
Las mujeres de entre 14 y 29 años de edad es el grupo que concentra las desapariciones forzadas en el estado de Veracruz, y el que permanece sin ser localizado de forma prolongada, afirmó Anaís Palacios Pérez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
Frente a colectivos de familiares de personas desaparecidas reunidos en la Sala de Cabildo de Coatzacoalcos en el marco de la mesa regional apuntó que la problemática de la desaparición de personas mantiene un comportamiento crítico y alarmante, focalizándose de manera severa en las mujeres jóvenes.
Rechazó las versiones oficiales o mediáticas que intentan minimizar la situación catalogando estos sucesos como retiros por cuenta propia.
“Mujeres entre 14 y 29 años desaparecen más y se mantienen desaparecidas; por ahí andan circulando que son ausencias voluntarias. Eso también pasa, o sea, hay que reconocerlo, pero no es la gran cantidad de situaciones, no todas son ausencias provocadas o seguidas a partir de la voluntad de la gente”, expresó.
Puntualizó que hay desapariciones forzadas, y otro tipo de delitos que se configuran como tal y que se relacionan con la desaparición de personas.
La especialista detalló que, si bien las modificaciones recientes en el registro situaron formalmente a Veracruz en el sexto lugar nacional de desapariciones (habiendo ocupado históricamente la cuarta posición), esta ligera variación se debe a localizaciones prontas de algunos casos. No obstante, advirtió que un porcentaje significativo de personas se quedan desaparecidas de forma permanente, engrosando la estadística de larga data o rezago institucional debido a la falta de investigaciones oportunas.
VINCULAR LA BÚSQUEDA CON LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Palacios Pérez remarcó la importancia de dejar atrás las metodologías de búsqueda empíricas o basadas exclusivamente en reportes sin sustento legal, los cuales muchas veces exponen a las familias a fraudes y extorsiones telefónicas.
“Antes bastaba, es que me llegó un anónimo y ahí me dijeron, busca en tal lugar. Pero se necesita corroborar mediante datos, porque eso sí ha pasado, muchas veces hemos salido a diligencias de búsqueda donde se presume que hay un indicio y no lo hay, no se puede atender exclusivamente a anónimos, se tiene que atender a datos de investigación, corroborados, científicos, que no los pueda manipular cualquier fulano”, refirió.
Como ejemplo de la vulnerabilidad de las indagatorias frente a la manipulación o negligencia de las autoridades, recordó el caso del Operativo Blindaje Coatzacoalcos, un contexto donde la opacidad imperó de forma institucional.
“Decían no somos, no fuimos, no sabemos nada, no tenemos registro, se nos borró la cámara, no sirve, entonces, también estamos tratando de evitar eso con la vigilancia de las familias”, subrayó.
La activista lamentó que hace menos de dos meses una madre buscadora en Coatzacoalcos falleció sin conocer el paradero de su hijo, una constante trágica entre las víctimas indirectas de dicho operativo de seguridad.
HACIA UN PROGRAMA ESTATAL DE BÚSQUEDA Y UN FONDO PRESUPUESTAL REAL
Este encuentro regional en Coatzacoalcos forma parte del esfuerzo civil e institucional para diseñar formalmente el Programa Estatal de Búsqueda para el Estado de Veracruz.
Explicó que, aunque la entidad cuenta con la Ley 677 en la materia desde 2018 y la Comisión Estatal de Búsqueda desde 2019, el aparato gubernamental ha operado sin una planeación estratégica ni un diagnóstico estructural para medir el desempeño de sus instituciones.
La meta de estas mesas de consulta —que incluyeron previamente una consulta virtual de 10 días abierta a la sociedad civil, periodistas y colectivos— es estructurar una política pública articulada en cinco ejes esenciales, como es la búsqueda inmediata, búsqueda en vida, investigación, y restitución forense con la finalidad de restar la pesada carga operativa y emocional que hoy en día recae sobre las familias de las víctimas.
Finalmente, expuso la severa limitante financiera que enfrenta la entidad, donde no existe un fondo de búsqueda específico, sino un Fondo de Víctimas que resulta insuficiente al tener que dividirse para atender múltiples delitos graves como feminicidios, fraudes, tortura y agresiones sexuales.
Palacios recordó que la Ley 677, en su artículo 48, estipula que el presupuesto asignado para la búsqueda en la entidad no puede ser menor al 0.025% del presupuesto estatal, lo que representaría millones de pesos indispensables.
Sin embargo, denunció que dicho fondo fue creado durante la administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pero actualmente no opera en términos prácticos, por lo que es imperativo reactivarlo formalmente para garantizar búsquedas eficaces, dignas y vinculadas estrictamente a la investigación científica.
