Irma Santander/ CDP Noticias
Cerca de 400 docentes de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) en la zona sur, pertenecientes a diversos niveles de licenciatura, maestría y doctorado, se rehusaron este lunes a signar el nuevo contrato de servicios profesionales enviado desde la capital del estado.
Los académicos denunciaron que el documento no cumple con las condiciones laborales mínimas y vulnera sus derechos fundamentales.
La jornada, que estaba destinada a la formalización de las relaciones contractuales por instrucciones de la administración estatal y la Secretaría de Educación, derivó en un movimiento de rechazo generalizado.
Ante la negativa, se estableció una mesa de diálogo donde los catedráticos entregaron una lista de inconformidades que será trasladada a Xalapa.
“Hoy era la firma de contrato que nos mandaron desde Xalapa, pero ese formato no cumple con las condiciones laborales. Fue por eso que se inconformaron todos y se rehusaron a firmar”, señalaron los docentes afectados, quienes explicaron que anteriormente el alta se realizaba de forma automática en el sistema tras verificar su documentación.
ANÁLISIS DEL CONTRATO: UN MODELO DE INDEFENSIÓN
Tras revisar las cláusulas del documento, los maestros identificaron que el esquema propuesto bajo la figura de “prestación de servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios” representa un riesgo alto para su estabilidad.
Los puntos del contrato son inexistencia de relación laboral, se estipula explícitamente que el docente “no será considerado trabajador/a”. Esto exime a la UPAV de otorgar prestaciones básicas como IMSS, Infonavit, aguinaldo, vacaciones o antigüedad.
Además, la institución se reserva la facultad de rescindir el contrato en cualquier momento, sin responsabilidad ni liquidación, notificando con apenas 15 días de antelación.
Se establecen causales de baja por criterios subjetivos, tales como “afectar la imagen institucional” o no seguir indicaciones, lo que abre la puerta a despidos injustificados.
Todo el material generado por el docente, incluyendo planeaciones, contenidos e investigaciones, deja de pertenecer al autor para ser propiedad exclusiva de la UPAV. Los maestros quedan obligados a no utilizar información de la institución hasta dos años después de terminar la relación.
Aunque se retiene el ISR, el contrato no garantiza un monto fijo ni continuidad, ya que el ingreso depende totalmente de la matrícula y la asignación de horas.
Se obliga a la entrega de una carta de no inhabilitación en un plazo de 15 días; de lo contrario, el docente debe devolver los pagos recibidos y es dado de baja de inmediato.
Los representantes del movimiento advirtieron que este esquema de “docente por honorarios disfrazado de asalariado” busca proteger legalmente a la universidad a costa de la precariedad del magisterio.
“Actualmente quisieron hacer contrataciones para llevarlo de una manera más transparente, pero al poner los lineamientos son los que mencioné anteriormente, es por eso que no se firmaron”, puntualizaron.
Se espera que las protestas y mesas de diálogo continúen este martes en Córdoba y se extiendan por todo el territorio veracruzano, siguiendo el ejemplo de ciudades como Poza Rica, donde el descontento ya ha sido manifestado por el cuerpo docente.
