Irma Santander / CDP noticias
Tras la promoción de un juicio de amparo por la asociación civil “En el Corazón está el Cambio”, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México otorgó una suspensión provisional que obliga a las autoridades federales y estatales a ejecutar de manera inmediata sus facultades para atender el desastre ambiental por derrame de hidrocarburos en las costas de Veracruz y Tabasco.
El resolutivo, dictado por el juez Luis Rivera González el 31 de marzo dentro del expediente 594/2026, establece un plazo perentorio de 48 horas para que las dependencias responsables rindan informes detallados sobre las acciones de contención, prevención y remediación que, según los quejosos, han sido omitidas hasta la fecha.
La medida cautelar responde a una serie de faltas señaladas por el activista y representante de la asociación, Juan Carlos Atzin Calderón, quien argumentó la existencia de un “ecocidio” derivado de la inacción institucional.
“Este resolutivo es motivado por la omisión de iniciar el procedimiento judicial de responsabilidad ambiental, la omisión de formular de oficio denuncia inmediata ante el Ministerio Público y la omisión de ejecutar la totalidad de sus facultades para garantizar el debido procesamiento y disposición final de los hidrocarburos derramados”, explicó Atzin Calderón.
Entre las autoridades señaladas como responsables se encuentran la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como los gobiernos de los estados de Veracruz y Tabasco.
MÁS DE 800 TONELADAS SIN DESTINO CLARO
Uno de los puntos críticos de la demanda es la disposición final de los residuos peligrosos recolectados durante las jornadas de limpieza. Aunque se han retirado más de 800 toneladas de hidrocarburo de las playas, la asociación civil advirtió que no existe claridad sobre el manejo de estos desechos.
“Ante un derrame de hidrocarburos, no solamente es la limpieza, sino que también es la disposición final de los residuos peligrosos. Nadie de nosotros como ciudadanos o instituciones, ni la propia Semarnat ni Pemex, tiene la atribución para poder disponer realmente un residuo peligroso; solamente puede ser realizado por una empresa avalada por la Semarnat”, precisó el representante.
EXIGEN PLAN INTEGRAL DE REMEDIACIÓN
La suspensión provisional no solo busca el cese de las omisiones, sino que obliga a que la información sea entregada directamente al órgano jurisdiccional, evitando la opacidad que ha imperado en las solicitudes de transparencia previas.
La asociación civil busca que este proceso derive en un Plan Integral de Remediación y Restauración del Equilibrio Ecológico, un proyecto que Atzin Calderón describe como “interinstitucional e intersectorial, con la participación de la academia, de la sociedad civil organizada y de las instituciones de gobierno”.
Tras la entrega de los informes en el plazo de 48 horas, el Poder Judicial de la Federación analizará la información provista por el Gobierno de México para determinar si se concede la suspensión definitiva, lo que marcaría un precedente en la defensa ambiental del sureste mexicano.
