Irma Santander/ CDP Noticias
A más de siete años del feminicidio de Ana Karen, joven originaria de Coatzacoalcos, su familia denunció que el acceso a la justicia permanece bloqueado por la burocracia y la falta de empatía de las autoridades del Estado de México, lugar donde se perpetró el feminicidio.
Lo que comenzó como un proyecto de vida en busca de mejores oportunidades laborales, terminó en una tragedia que hoy se encuentra archivada bajo el argumento de una saturación de expedientes.
UN DESTINO TRUNCADO POR LA VIOLENCIA
Ana Karen se trasladó al Estado de México con la esperanza de alcanzar una mejor calidad de vida. Durante su estancia, conoció a quien se convertiría en su presunto agresor, Raúl Peña, quien no ha sido detenido.
Según los testimonios de su hermana, Colette, la víctima ya había manifestado su deseo de terminar la relación y regresar a su ciudad natal.
Sin embargo, el 25 de mayo de 2019, su vida fue arrebatada, recibió dos disparos —uno en la cabeza y otro en el abdomen— y su cuerpo fue abandonado en la jardinera de un conjunto habitacional distinto al que habitaba.
BUROCRACIA Y OLVIDO INSTITUCIONAL
Desde el primer día, la madre de la víctima, la señora Claudia, y su hermana han enfrentado un sistema judicial indolente.
La respuesta más reciente de las autoridades del Estado de México es que el caso de Ana Karen es “una carpeta más” y que existen otros expedientes con mayor prioridad, condicionando el avance de la investigación a un turno que parece no llegar.
La situación se torna aún más compleja debido a la distancia geográfica y los trámites administrativos, ya que toda la investigación se concentra en el centro del país, lejos del hogar de la familia en Coatzacoalcos.
“Dicen que es una carpeta más arriba que la de ella y que hay que esperar turno. Si la justicia no ha llegado en siete años, no creemos que se atrevan a hacer algo ahora”, finalizó Colette con indignación.
