Comunicado/ CDP NOTICIAS
Con 39 votos a favor, ocho en contra y cero abstenciones, el Pleno de la LXVII Legislatura avaló las reformas a la Ley que crea la Universidad Popular Autónoma de Veracruz presentadas a esta Soberanía por la gobernadora del estado, Rocío Nahle García, a fin de establecer procedimientos claros de recaudación, administración y vigilancia del patrimonio universitario, con el fin de asegurar su integridad y aplicación estricta al sostenimiento, mejora y expansión de los programas educativos de la casa de estudios.
En la Segunda Sesión Extraordinaria del Primer Receso del segundo año de labores, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Naomi Edith Gómez Santos, puso a consideración del Pleno el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Educación y Cultura, derivado de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del ordenamiento mencionado.
La reforma aprobada establece que la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) es una “Institución Pública de Educación con carácter de organismo público descentralizado de la administración pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que gozará de personalidad jurídica y patrimonio propios y estará sectorizada a la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo Estatal”.
Para dar cumplimiento a su objeto legal y fines, la Universidad “se apoyará en el personal administrativo y académico, y sus egresados”. El servicio social y el combate a la pobreza siguen siendo tareas de todos los integrantes de la Universidad.
En cuanto a su patrimonio, a los rendimientos, recuperaciones y demás ingresos que obtenga de la inversión de los recursos referidos en el artículo 7, la UPAV deberá cumplir con el marco legal en la materia.
Además, podrá convenir acciones de coordinación, colaboración y participación académica con personas físicas o morales, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en términos de la legislación aplicable.
El dictamen detalla que los derechos y demás ingresos, que por cualquier título legal sea bienes y valores de la Universidad, serán recaudados exclusivamente a través de los mecanismos electrónicos dispuestos por la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) del Gobierno del Estado de Veracruz.
Para la disposición de estos recursos, precisa el documento, el Rector deberá integrar anualmente un proyecto de presupuesto específico y someterlo a la aprobación de la Junta de Gobierno de la Universidad.
Respecto de los bienes muebles, inmuebles, recursos económicos y todo lo que forme parte del patrimonio de la Universidad, se equiparan al dominio público del Estado, por lo que “tienen el carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles y sobre los mismos no podrá constituirse gravamen alguno”.
Corresponderá al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) dictar las normas en materia de control presupuestal de la Universidad.
También se determina que el presupuesto de cada ejercicio deberá contener indicadores de gestión, desempeño y financieros.
De acuerdo con el Artículo Tercero Transitorio, la Universidad deberá expedir, en un término no mayor a 90 días naturales, las normas en materia de planeación y mecanismos de control del ciclo presupuestal en relación con la aplicación de los recursos públicos que sean patrimonio propio de la UPAV; el Rector tiene la obligación de ejercer sus atribuciones en materia de control y coordinación y generar elementos que permitan la evaluación del desempeño de resultados, de la medición a la gestión financiera y en su caso, las alertas cuando exista un uso indebido de los recursos propios de la Universidad
El Cuarto Transitorio indica que los recursos provenientes de los derechos y demás ingresos que hayan sido recibidos antes de la entrada en vigor del Decreto deberán ser conciliados, registrados e integrados al patrimonio de la UPAV.
Por último, el Quinto Transitorio establece que la Sefiplan deberá expedir en un término no mayor a 60 días naturales las normas en materia control presupuestal de la institución.
Las reformas, propuestas por la gobernadora y aprobadas por este Congreso, permitirán generar beneficios inmediatos en materia de control presupuestal, consolidar en el mediano plazo una gestión financiera responsable y, en el largo plazo, fortalecer la estabilidad institucional y el uso estratégico de los bienes y recursos que conforman el patrimonio de la UPAV.
Discusión del dictamen
El diputado José Reveriano Marín Hernández adelantó el voto decidido del Grupo Legislativo de Morena, que ha asumido “el compromiso irrenunciable de combatir la corrupción y el derroche, priorizando el bienestar del pueblo veracruzano”.
Esta reforma, aseveró, no solo asegura la integridad del patrimonio de la UPAV, sino que fortalece su capacidad para expandir programas educativos accesibles y, además, representa un paso adelante en la modernización de la gestión educativa pública, asegurando que los recursos se destinen estrictamente a educar, investigar y difundir la cultura, respetando la autonomía universitaria y las relaciones laborales.
A su vez, el diputado Héctor Yunes Landa, del Grupo Legislativo Mixto Veracruz Nos Une, centró su posicionamiento en la autonomía presupuestal de la Universidad y su financiamiento, derechos laborales de docentes y personal, administración y destino de los bienes muebles e inmuebles y recursos de la institución.
Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Indira de Jesús Rosales San Román habló de la necesidad de actuar con honradez, responsabilidad, orden y congruencia, y que las medidas que se tomen a partir de esta reforma redunden en favor tanto de las y los estudiantes como de las y los docentes, en justicia y con respeto a sus derechos.
La legisladora Elizabeth Morales García, del Partido del Trabajo (PT), reconoció que la gobernadora Rocío Nahle García actuó con sensibilidad y visión institucional al impulsar una actualización del marco legal de la UPAV que atiende problemas estructurales y, sobre todo, busca fortalecer a la Universidad, dotarla de reglas claras, proteger su patrimonio y asegurar que los recursos públicos sean administrados con transparencia, legalidad y responsabilidad.
Por último, el legislador Adrián Sigfrido Ávila Estrada, del partido Movimiento Ciudadano (MC), adelantó su voto a favor del dictamen “porque consideramos que este nuevo marco institucional puede sentar las bases para reconstruir la integridad, transparencia y credibilidad de esta casa de estudios, sin embargo, no basta con reorganizar la estructura administrativa”.
