Agencias
Encabezados por un operador del cártel de La Familia Michoacana, una red criminal que sometía a comerciantes de la región, a los que obligaba a vender productos que les asignaban a un sobreprecio, fue desarticulada en un operativo de autoridades federales y estatales en 14 municipios del sur del Estado de México.
Si los comerciantes no aceptaban, eran agredidos o ejecutados.
Ocho personas fueron detenidas. El principal fue identificado como Eli «N», quien se desenvolvía en el municipio de Valle de Bravo como «empresario» y se ostentaba como dueño de la casa «Jimex», una distribuidora de materiales de construcción en la región.
Eli es acusado de secuestro y extorsión, además de ser identificado como el jefe del sometimiento de comerciantes del lugar, quienes eran obligados a vender la mercancía que el cártel decidía y al precio que imponía.
A Eli le incautaron ranchos con lagos y caballerizas en Amanalco, municipio cercano a Valle de Bravo. También se había hecho dueño de minas de grava.
«(Eli) tenía una de las casas de materiales más notables de la zona», dijo el Fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes.
En la región básicamente no se podía comprar ningún producto de construcción si no contaba con su visto bueno y si no era transportado por sus propios medios, detalló.
Los otros siete detenidos ocupaban «puestos gerenciales» en la red.
Según la autoridad, eran el controlador de la distribución de pollo, el de carne, el jefe de un sindicato transportista, una contadora y tres operadores criminales del grupo.
No hubo ningún otro comerciante detenido. Tampoco fue capturado ningún capo de La Familia Michoacana, como los hermanos Hurtado Olascoaga, que dominan en el Edomex y Guerrero.
Las autoridades aseguraron que Eli era el operador designado por La Familia para la distribución de cemento y materiales de construcción en esos 14 municipios.
«El 31 de enero de 2025, en complicidad con otra persona, habría interceptado a una víctima, a quien al parecer amenazó y subió por la fuerza a un vehículo, a bordo del cual le exigieron un pago inicial y un porcentaje semanal de sus ventas», explicó el Fiscal, «y le indicaron que debía llamar a un número telefónico para comprar materiales en su establecimiento ‘Jimex’».
Cervantes informó que Eli obligaba a que no sólo el material le fuera comprado a sobreprecio, sino que se transportara en vehículos bajo el dominio de sindicatos transportistas sometidos o integrantes de la mafia criminal.
El operativo incluyó cateos en 63 establecimientos comerciales de 14 municipios mexiquenses. Varios de los establecimientos pertenecían a pequeños comerciantes que estaban sometidos por Eli y La Familia Michoacana.
Las autoridades estatales indicaron que regresarían el material decomisado en esos cateos a los comerciantes que estaban bajo el yugo de La Familia.
Sin embargo, con las acciones policiales, los comerciantes tuvieron un doble sometimiento: el de la mafia y el de la autoridad.
«Los criminales someten a personas y, en ocasiones, a comunidades completas a un excesivo incremento de precios sobre productos muy específicos, de modo que los pobladores se ven imposibilitados a recurrir a otros lugares», dijo el Fiscal.
Esta red criminal, indicaron las autoridades, fijaba sobrecostos de precios en cemento y varilla, de hasta un 71 por ciento, o en el caso de un millar de block, de hasta 122 por ciento.
En el caso de pollo establecían sobreprecios de hasta un 53 por ciento y, en el caso de carne de res, de hasta un 47 por ciento.
Una parte clave de la operación era la red de distribución en manos de dos sindicatos: Libertad y Bradosva.
Este sindicato lo dirigía Gonzalo «N», que es uno de los detenidos que imponía bajo amenaza cuotas de 15 mil pesos por ingreso de material que no fuera adquirido a La Familia.
La red fue detectada en Ixtapan de la Sal, Tejupilco, Valle de Bravo, Donato Guerra, Villa Victoria, Texcaltitlán, San Felipe del Progreso, Malinalco, Temascaltepec, Ixtlahuaca, Tlatlaya, Tenancingo, Sultepec y Amanalco.
Con información de Reforma
