Comunicado / CDP NOTICIAS
Con la finalidad de fortalecer la Ley de Obras Públicas del estado en cuanto a la mejora de la gestión administrativa, el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez presentó a la Diputación Permanente una iniciativa que prevé reformar diversas disposiciones normativas.
En la iniciativa, el legislador expone que las reformas a la ley responden a la necesidad de actualizar el marco jurídico para fortalecer la coordinación interinstitucional, la claridad normativa y la eficiencia en la ejecución de obras públicas, en concordancia con los principios de legalidad, transparencia y desarrollo sostenible, y evita contradicciones en la aplicación de criterios técnicos y financieros.
La propuesta prevé la adición de dos párrafos al Artículo 63 para instituir formalmente el cobro de derechos del “cinco al millar” sobre el importe de cada estimación.
“Este mecanismo, una práctica consolidada y de probada eficacia a nivel federal, es de una lógica simple y poderosa: quien ejecuta la obra contribuye, de manera proporcional, a financiar el servicio de vigilancia que el Estado está obligado a prestar para garantizar que dicha obra se realice correctamente”, refiere el documento de la iniciativa.
Plantea también eliminar ambigüedades y concentrar la facultad de interpretación en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), lo que brinda certeza jurídica a todos los actores, y de forma paralela, se establece la responsabilidad ineludible de los Entes Públicos de obtener la totalidad de permisos, no solo los señalados por la Ley de Obras sino por todas las aplicables, en el ámbito de la gestión de la obra que se realizará.
El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) precisa que la propuesta se alinea con los objetivos prioritarios del Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD), impulsado por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, que busca precisamente fortalecer este marco legal.
“No se trata de una reforma cosmética, sino de un ajuste estructural orientado a consolidar un sistema de obra pública basado en la prevención, la certeza jurídica y la autosuficiencia financiera en su fiscalización”, concluyó.
La iniciativa fue turnada para el trámite correspondiente a la Comisión Permanente de Comunicaciones.
