Comunicado/ CDP NOTICIAS
Mediante una Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la diputada Montserrat Ortega Ruiz propuso que se establezca un porcentaje mínimo de participación ciudadana en el proceso electoral de las personas juzgadoras de la federación, con el que se posibilite que el resultado que se obtenga sea vinculante y las personas electas tengan un nivel aceptable de legitimidad.
De acuerdo con el artículo 96 constitucional, las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistradas y los magistrados de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las magistradas y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, las magistradas y los magistrados de Circuito, así como las juezas y los jueces de Distrito, serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda.
Para que el proceso de elección sea válido, propone la legisladora Montserrat Ortega Ruiz, deberá haber una participación de, por lo menos, el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores.
En su proyecto presentado durante la Octava Sesión Ordinaria, la representante popular argumenta que en un proceso electoral la legitimidad de las personas que resultan electas, más allá del número de votos que reciben, radica en el porcentaje de participación ciudadana que acudió a emitir su sufragio, lo que -explicó- permite generar la idea de que, a mayor participación, mayor legitimidad; es decir, las personas que resulten con más votos tendrán también la mayor confianza y respaldo del electorado que se manifestó en las urnas.
Bajo esta premisa, continúa, la conformación del Poder Judicial por medio del voto popular debiera ser un mecanismo de democracia directa que revista de legitimidad a las personas que resulten electas.
Señala también que, en este contexto, la baja participación ciudadana en un proceso electoral de esta naturaleza obliga a establecer mecanismos que eleven la calidad democrática expresada en las urnas y garantice un mayor índice de legitimidad de las personas que resulten electas.
De acuerdo con su proponente, con esta Iniciativa se busca establecer una base mínima que asegure que las personas electas cuentan con legitimidad y confianza, que redunde en una justicia imparcial, pronta y expedita para los justiciables.
Con la adhesión de las diputadas Ana Rosa Valdés Salazar y María Elena Córdova Molina y de los legisladores Adrián Sigfrido Ávila Estrada y Héctor Yunes Landa, la iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes, del Artículo 96 de la Carta Magna, fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
