Comunicado/ CDP NOTICIAS
Diputadas y diputados de la LXVII Legislatura presentaron una iniciativa por la que proponen que este Poder Legislativo pueda actuar en situaciones de crisis de quórum municipal por renuncia de ediles, y con esto, garantizar la gobernabilidad y la continuidad de la función pública local en beneficio de la población.
En la Cuarta Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario del Primer Año de Ejercicio Constitucional, el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez expuso dicho proyecto. Explicó que en éste se aborda una imposibilidad fáctica del Cabildo para operar. Esta problemática -indicó- requiere una solución que sea ágil, respetuosa de la autonomía municipal y que garantice la continuidad institucional.
Para tal fin, proponen, en primer lugar, establecer que el Congreso del Estado tenga entre sus atribuciones solicitar al Organismo Público Local Electoral (OPLE) que determine los candidatos elegibles para ocupar los cargos vacantes de regidores (propietarios y suplentes).
Ejercería esta atribución bajo tres condiciones: que se haya aceptado formalmente la renuncia de uno o varios regidores propietarios o suplentes, que dichas renuncias aceptadas provoquen la inexistencia de quórum legal para que el Cabildo pueda sesionar válidamente, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, y que la decisión del Congreso para realizar esta solicitud al OPLE requiera la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes presentes.
El legislador precisó que la intervención del Congreso sería subsidiaria y extraordinaria, puesto que “no se trata de una intromisión indebida en la autonomía municipal, sino de un mecanismo de salvaguarda institucional activado únicamente cuando el propio municipio, por la vía de las renuncias de sus integrantes, se coloca en una situación de imposibilidad para autogobernarse por falta de quórum”.
Destacó también que esta reforma se alinea con los principios rectores del sistema jurídico y político local, pues asegura que los órganos de gobierno democráticamente electos puedan cumplir con sus funciones esenciales, evitando parálisis que afecten a la ciudadanía; garantiza que la administración pública municipal no se vea interrumpida por situaciones de crisis de integración del órgano de gobierno; establece un procedimiento claro y constitucionalmente válido para resolver una laguna normativa que puede generar conflictos e incertidumbre; instituye un mecanismo de colaboración entre el Poder Legislativo y el OPLE para resolver un problema que afecta la base de la organización política del Estado, que es el Municipio Libre.
Por último, indicó que, lejos de debilitarla, esta medida busca preservar la viabilidad de la autonomía municipal al proveer una solución para que el Ayuntamiento pueda seguir funcionando. “Un municipio paralizado no es un municipio autónomo en la práctica”, concluyó.
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso d) a la fracción IX del Artículo 33 de la Constitución Política del estado fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Organización Política y Procesos Electorales.
