Agencias / CDP NOTICIAS
Automovilistas, transportistas y empresarios reclamaron que las autoridades federales toleren el bloqueo en las carreteras a Puebla y el Arco Norte, que hoy cumplen tres días, y no apliquen la ley que los faculta a intervenir en casos de interrupción al tránsito.
Desde el martes, ejidatarios de la localidad de Ignacio López Rayón, en Puebla, se plantaron en las carreteras libre y de cuota a Puebla, así como en el Arco Norte, en demanda de una indemnización por la construcción de vialidades hace más de 60 años.
Los afectados en las vialidades bloqueadas reprocharon que hasta el momento ninguna autoridad haya intervenido para hacer cumplir la legislación.
La Ley de la Vías Generales de Comunicación, que fue reformada en 2021 para castigar la toma de vialidades y casetas, prevé de tres meses a siete años de prisión a quien interrumpa el tránsito vehicular y la operación del servicio de peaje.
“A quienes para obtener un lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje se impondrá sanción de tres meses a siete años de prisión”, indica el artículo 533 de dicha legislación.
Conductores que ayer se encontraban en uno de los puntos de bloqueo cuestionaron la falta de autoridad en el lugar.
“No nos dicen nada, no hacen nada, no hay Gobierno”, reprochó el conductor de un camión que transportaba harinas.
La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) informó que los transportistas suman pérdidas por 10 mil millones de pesos, y que hasta ayer había 10 mil toneladas de productos perecederos fuera de sus plazos de entrega, debido a los bloqueos.
“Se ha fracturado la cadena de suministro de partes automotrices, bienes de consumo y perecederos, transporte de personas, entre otros. Mientras pasen los días y las horas, las pérdidas crecen”, cuestionó Miguel Ángel Martínez, presidente de la Canacar.
Los ejidatarios aseguraron que cuentan con un fallo judicial para ser indemnizados por la expropiación de sus tierras.
“Ganamos una sentencia, un tribunal ya nos dio la razón de que se nos tiene que pagar, el presidente (Andrés Manuel López Obrador) está mal informado, la Secretaría de Gobernación sabe perfectamente cuál es el problema”, explicó el ejidatario Marco Antonio Vargas.
El fiscal de Puebla, Gilberto Higuera, dijo que se investiga a dos abogados que fueron acusados por daño patrimonial a los ejidatarios.
“Algunos de los ejidatarios señalaron a su dirigente como quien hubiese cometido un hecho en su perjuicio patrimonial”, explicó el fiscal.
Con información de Reforma
