Irma Santander / CDP NOTICIAS
La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Coatzacoalcos, denunció que tan solo en febrero, cinco de sus afiliados han sido víctimas de extorsión.
El presidente del organismo camaral, Raúl Prieto Leal, afirmó que lo más lamentable es que los afectados por este delito, son empresarios que no denuncian ante las instancias ministeriales.
“La sociedad y los empresarios no denuncian formalmente, si se quejan, lo comentan pero no denuncian por miedo definitivamente”, reconoció.
Prieto Leal, enfatizó que las víctimas no dan detalles de cómo se presenta la extorsión; aunque el extorsionador opera vía telefónica, solicita dinero y amenaza.
Dijo que desde hace cinco años la extorsión persiste en Coatzacoalcos, y no se ven estrategias para combatirla por parte de los tres niveles de gobierno.
“Pensamos que las autoridades nos iban a voltear a ver de manera importante, si lo hacen pero se quedan muy cortos de lo que esperamos y necesitamos. Desde la sociedad civil y empresarial estamos haciendo lo que nos corresponde para que nos tomen en cuenta”, indicó.
Agregó que la Canacintra participa en la mesa de seguridad y justicia junto con el Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos para colaborar junto con las autoridades a fin que la incidencia delictiva permanezca controlada.
Por su parte, el director del Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos, Renato Riveroll Rivera, urgió una vez más en la creación de la Unidad Anti extorsión, misma que sigue “en espera”, de impulsarla por parte de los gobiernos estatal y federal.
Recordó que el Congreso de la Unión tiene que aprobar la ley General para Prevenir y Sancionar los delitos contra la extorsión.
Después se crea una coordinadora Nacional Antiextorsión y de ahí las Unidades Especiales Antiextorsión en los estados.
Expresó que las quejas por este delito siguen presentándose, e instó a los afectados a denunciar.
“La extorsión es difícil medirla, nosotros siempre nos basamos en los datos del Gobierno Federal a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y sigue muy alto, tres veces arriba de la media nacional”, manifestó.
Una unidad antiextorsión es una entidad encargada de prevenir, investigar y combatir casos de extorsión, un delito en el que una persona o grupo busca obtener dinero, bienes o servicios de otra persona mediante amenazas, intimidación o coerción. Estas unidades suelen operar dentro de organismos de seguridad pública, como la policía o la fiscalía, y tienen como objetivo principal proteger a la población y garantizar la seguridad ciudadana.
La función de una unidad antiextorsión puede incluir varias actividades y responsabilidades:
1. Prevención: La unidad trabaja para concienciar a la población sobre los riesgos de la extorsión y proporcionar información sobre cómo prevenir este tipo de delitos. Esto puede incluir campañas de educación pública, charlas en escuelas y empresas, y la difusión de material informativo.
2. Investigación: La unidad se encarga de investigar denuncias de extorsión y recopilar pruebas para identificar a los perpetradores y llevarlos ante la justicia. Esto puede implicar el uso de técnicas de investigación, como vigilancia, escuchas telefónicas, análisis de datos y trabajo encubierto.
3. Colaboración: La unidad trabaja en estrecha colaboración con otras agencias gubernamentales, como la fiscalía, la policía local y federal, así como con organizaciones internacionales y la comunidad en general. La colaboración es fundamental para intercambiar información, coordinar operativos y maximizar los recursos disponibles para combatir la extorsión.
4. Protección de víctimas: La unidad brinda apoyo y protección a las víctimas de extorsión, asegurándose de que reciban la asistencia necesaria y se sientan seguras para denunciar el delito. Esto puede incluir la provisión de refugio seguro, asesoramiento legal y psicológico, y medidas de protección personal.
5. Persecución y enjuiciamiento: La unidad trabaja para llevar a los responsables de extorsión ante la justicia y asegurarse de que reciban un castigo adecuado por sus acciones. Esto puede implicar la presentación de cargos, la participación en juicios y la colaboración con el sistema judicial para garantizar que se haga justicia.
